Siempre hemos sostenido que los gobiernos débiles, que para sostenerse necesitan mostrar fortaleza, son los más peligrosos en términos democráticos. Por lo general, se convierten en autoritarios y se inclinan a la dictadura, así hayan sido elegidos por voto popular.
Y ello, porque, al verse perdidos y en peligro de perder el poder, desatan su resentimiento contra cualquiera que los critique o controvierta; divulgue, difunda o resalte sus equivocaciones o sus faltas. Para ellos, solamente su propio interés legitima cualquier acto, aun el más abusivo.
Otra tendencia de los gobiernos débiles consiste en la búsqueda de respaldo interno –por el camino de convocar el nacionalismo-, mediante la provocación de conflictos con otros países.
Para todos esos fines, los gobernantes a los que no importa ni la democracia ni el Derecho se suelen fundar en la razón de Estado y se sirven de los denominados estados de excepción, con el propósito de ahogar toda forma de oposición, de crítica, de expresión, de reunión, de controles, de revisión o de separación funcional.
Mediante ellos, supuestamente amparados en las normas constitucionales que otorgan facultades especiales para situaciones de perturbación del orden público, restringen y suspenden el normal funcionamiento de las ramas del poder público, así como la vigencia de las libertades y los derechos fundamentales.
El irracional cierre de la frontera entre Colombia y Venezuela, por la decisión del Presidente Nicolás Maduro -un gobernante políticamente débil, desprestigiado en extremo, carente del talante democrático, sin el liderazgo de su antecesor, y a quien la felicidad del pueblo no importa porque su finalidad prioritaria es su permanencia en el poder- es palmaria demostración de lo afirmado.
En medio de una situación económica y social insostenible, ante un creciente descontento popular, con presos políticos, con una oposición interna respaldada a nivel internacional, y en época pre electoral, Maduro ha resuelto tomar a los colombianos como los chivos expiatorios -no importa su inocencia, su edad ni su sexo-, marcando a todo colombiano en la frontera como delincuente, sin juicio previo, ni derecho de defensa.
Allí, colombianos y venezolanos afrontan una situación en extremo dramática.
El pretexto para violar sus derechos es la existencia, en territorio limítrofe, de bandas paramilitares y de contrabandistas, irresponsablemente atribuidas a colombianos, sin asomo de un debido proceso.
El uso de la figura por Maduro es contrario al Derecho. Carece de legitimidad y validez en lo que toca con los derechos esenciales y las libertades de miles de personas y familias, de una y otra nacionalidad, contra las cuales no hay indicios ni pruebas de actos delictivos, ni cargo, ni proceso alguno, cuyos papeles están en regla, y que de manera indiscriminada y brutal han sido afectadas.
Al fin y al cabo, todas las dictaduras -de derecha o de izquierda- son igualmente odiosas. El Gobierno colombiano debe reaccionar en defensa de los suyos.
