En los últimos días se agita el debate sobre el aumento del salario mínimo y las posiciones de empresarios y trabajadores en la mesa de concertación son tan distantes, que hacen inviable cualquier tipo de acuerdo. Los dirigentes gremiales plantean un miserable reajuste del 2%, que en la práctica es un congelamiento del salario y los presidentes de las organizaciones sindicales proponen una cifra del 13%, que tampoco conviene al desarrollo económico del país. Pero más allá de la discusión coyuntural que se da todos los diciembres, y en este año en circunstancias de crisis muy especiales, es fundamental adelantar un debate con mayor profundidad sobre las decisiones que debemos tomar para generar empleo formal en Colombia, sin que se tenga que afectar el poder adquisitivo de los trabajadores como pretenden algunos.

La pandemia de la COVID-19 afectó gravemente los niveles de empleo. Cerca de 5 millones de personas perdieron su empleo el primer semestre del año. La recuperación de la economía ha sido lenta e impulsada primordialmente por el empleo informal. Al final del año la caída de la economía colombiana será la más drástica de América Latina. El desempleo femenino fue el más afectado. El aumento del desempleo en las mujeres de un año a otro es de más del 12%... En el caso de los jóvenes en julio se acercaba a la inverosímil cifra del 30%.

Los economistas ortodoxos han propuesto la flexibilización del mercado laboral como fórmula milagrosa para recuperar el empleo. Esto es, una reducción de salarios y aportes parafiscales, francamente inmoral e inaceptable. Señalan que la relación entre el salario medio y el salario mínimo está por encima del promedio regional. Lo que desconocen es que la relación entre el salario mínimo y el PIB per cápita en Colombia ha disminuido en forma sustancial, al pasar de 62% al 46% en los últimos años.

Flexibilizar las condiciones laborales en estos difíciles momentos supone imponer un costo económico y social adicional sobre la población más vulnerable. La prioridad no puede ser solo preservar el mayor número de empleos posibles, sino conservar la capacidad de compra de los colombianos que se ha deteriorado en forma grave en el último año. En la definición del salario mínimo legal se tienen en cuenta dos factores: el incremento de la inflación y el crecimiento de la productividad laboral. Esta productividad podría ser mayor si los empresarios asumieran la responsabilidad de capacitar a sus trabajadores. Se permitiría así a las empresas obtener ventajas competitivas del mejoramiento en el rendimiento de sus trabajadores y al estado le abriría un espacio para decretar aumentos de salario más significativos.

Más allá entonces de la recortada discusión del salario mínimo, es importante adoptar medidas coyunturales y estructurales que permitan solucionar la situación actual. Dentro de las primeras se propone ejecutar rápidamente programas de empleo de emergencia, subsidiar las nóminas de las Mipymes y acelerar la reapertura de colegios. Además, se debe aprovechar esta crisis para transferir los costos de protección laboral al estado e implementar un programa estatal de trabajo garantizado, que consiste en que a toda persona que busque empleo en el sector privado y no lo pueda conseguir, el estado le garantice un ingreso básico como remuneración de su trabajo en distintas actividades. Sería un programa más eficaz que la renta básica universal sobre la que llevamos todo el año en debates y discusiones.

Con el crecimiento de los contagios en los próximos meses y la demora para salir de esta pandemia, a pesar de los anuncios recientes en materia de vacunas, debemos prepararnos para un 2021 muy difícil en lo económico, en el que la reactivación será lenta y difícil. Y lo que no se puede aceptar éticamente, es que el costo social de la crisis lo asuman los colombianos más pobres. Esa parece ser la propuesta de algunos y es francamente inaceptable.