Hermógenes Maza, veterano de Bárbula, Tenerife y San Mateo, prisionero torturado en Caracas, oficial implacable con los vencidos y vengativo con los enemigos, después de una vida vibrante y sangrienta murió alcoholizado en Mompox. Cuentan que a los prisioneros de las varias batallas que ganó, para poder diferenciar chapetones y criollos, les hacía decir los nombres de dos pueblos del Valle: Zarzal y Zaragoza. Los que pronunciaban la zeta española, eran fusilados en el acto.
Salvo algunos avistamientos de extraterrestres a principios de este siglo, poca historia tenía Zarzal, “Tierra dulce de Colombia”, hasta que el presidente Petro en sus bellos parajes declaró al gobierno “en emergencia”.
¿Qué querrá decir aquello? ¿Qué hay un hecho sobreviniente con graves consecuencias sobre la integridad, tranquilidad o salubridad públicas que amerita reforzar los poderes presidenciales para que de manera expedita se pueda enfrentar y solucionar? ¿Que la naturaleza desencadenó su furia y algún volcán, terremoto, tsunami o pandemia atentan contra la nación? ¿Qué hay una guerra externa? ¿Qué hay conmoción del orden público interior con grave riesgo para la institucionalidad? ¿Hay alguna catástrofe económica sectorial, fiscal o cambiaria de grandes proporciones?
El Ruiz no ha estallado aún. De la COVID, estamos mejor. Los temblores no han causado víctimas. Hay un invierno inclemente, sí, enfrentado con medidas especiales ad hoc. Y la economía está como en el resto del mundo: incierta, pero sin acontecimientos inesperados o demasiado graves para no ser atendidos por ahora con el arsenal ordinario de los estados.
En EE. UU. Lincoln declaró la emergencia para acabar con el Habeas Corpus y casi pierde la guerra. La invocaron Wilson y Roosevelt para enfrentar las guerras en Europa y la corrida de depósitos bancarios. Bush la usó después del 11 de septiembre de 2001. Nixon frenó con ella una huelga de correos y Reagan otra de controladores aéreos. Clinton, para buscar armas de destrucción masiva. Trump para construir su muro. En Irlanda en el 39 para aplicar su neutralidad en la Segunda Guerra: solo fue levantada formalmente en 1976, treinta años después.
América Latina apeló a la emergencia con soltura en las dictaduras de Argentina, Chile, Paraguay y Brasil. Colombia usó el famoso artículo 121 de la Constitución del 86, con frecuencia y a veces exceso; la Conmoción Interior y la Emergencia Económica con menor entusiasmo y con responsabilidad para, verbigracia, enfrentar los desastres del terremoto de 1999 y La Niña de 2010. La Corte Constitucional siempre ha sido avara con su aval.
Pensar que emergencia nacional es no lograr la aprobación en el Congreso de reformas en salud, empleo o pensiones, que lo diga Macron, o no poder comprar tierras a la velocidad que el presidente desea, está lejos de la realidad y sobre todo de la sanidad institucional. Está en emergencia es el gabinete por no conocer el estado ni las políticas públicas. Son el apremio y las falsas convicciones ideológicas, que niegan cualquier avance de nuestra sociedad en el tema de salud, de infraestructura o de educación, los que flaquean`. Emergencia sería acabar con la salud y el empleo, expropiar tierra de afán o confiscar el ahorro de los trabajadores.
Se quebró la coalición. Será duro buscar otra en medio de la radicalización.
Llamar al levantamiento porque las instituciones filtran propuestas del Ejecutivo para hacerlas razonables, es una irresponsabilidad supina. Confiemos en que la retórica es para desviar la atención sobre, por ejemplo, el despido de la ministra Corcho y su ineptitud disfrazada de activismo.
Que la tentación de una Constituyente no prime sobre la paciencia democrática. Como lo dijo agudamente en 2021 la socióloga española María Victoria Gómez, en artículo para National Geographic sobre la República de Weimar: “Resulta posible sacralizar una Constitución y horadar al mismo tiempo el régimen que la sustenta”.
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