El próximo 2 de octubre se celebrarán elecciones generales en Brasil, para elegir un nuevo presidente y vicepresidente de la República, un tercio del Senado, la totalidad de la Cámara de Diputados, todos los Gobernadores e igualmente todas las Asambleas Legislativas de los Estados. 

Hay once candidatos a la presidencia de los cuales cuatro son mujeres. De no obtener ninguno de ellos el 50% de los votos se deberá ir a un balotaje a realizarse el 30 de octubre.

El actual presidente, Jair Bolsonaro busca su reelección y según las encuestas cuenta con un 34% de apoyo.  Su principal contrincante es el expresidente Lula da Silva quién tendría algo más del 45% de las preferencias.  Ambos tienen visiones radicalmente diferentes de qué hacer económica y socialmente si triunfan.

El presidente Bolsonaro quién gobierna desde los inicios del 2019 ha tenido un mandato muy cuestionado, por lo que no es de extrañar que cuente con un rechazo que se ubica por sobre el 50 % de la opinión pública, mientras que la aversión a Lula se ubica en torno al 35 %.

Lula fue presidente de Brasil durante dos períodos entre el 2003 y el 2011.  En el 2016 se le investigó por supuesta participación en dos casos de la “Operación Lava Jato”, una amplia indagación criminal que destapó la corrupción entre la empresa estatal de petróleo y gasolina, Petrobras, varias empresas constructoras y políticos brasileños para obtener fondos irregulares para sus campañas. La investigación estuvo a cargo del exjuez federal en lo Penal Sergio Moro, quién terminó siendo el primer ministro de Justicia en el gobierno de Bolsonaro.

Para los expertos, la conducta del exjuez Moro violó el derecho de Lula a ser juzgado por un tribunal imparcial y sus actuaciones y declaraciones públicas, al igual que las de los fiscales violaron el derecho del exmandatario a la presunción de inocencia.

En julio de 2017 el juez Moro condenó a Lula a nueve años de prisión y en enero del año siguiente, el Tribunal Regional Federal extendió la sentencia a doce años. Aun con apelaciones pendientes de dictamen, Lula empezó a cumplir su condena en abril de 2018. La misma fue anulada en el 2021 por el Tribunal Supremo Federal, que consideró que el exjuez Moro no tenía competencia para investigar y juzgar los casos. De igual manera derogó la investigación sobre la base de que se consideró que el exmagistrado no era imparcial.

Por ser Brasil el país con el territorio más grande de América Latina y por contar con la población más numerosa, cualquier cuestión que ocurra en su territorio tiene una relevancia mayor. 

Como ejemplo, podemos decir que en la década de los 60 del siglo pasado se desarrolló en  centros académicos brasileros la Doctrina de la Seguridad Nacional, la que al cabo de pocos años rigió en todos los países del cono sur de Suramérica, concluyendo en gobiernos militares de derecha, como secuela de la guerra fría,  cuyo principal objetivo fue una lucha frontal contra los partidos y gobiernos que tuvieran ideas progresistas, y paralelamente  implementar políticas económicas desreguladas, que se olvidaron de las poblaciones más desposeídas así como del respeto a los derechos humanos.

Brasil con 220 millones de habitantes, ocupa el décimo lugar como la economía más grande del mundo, siendo parte del G20.  Ello, no es obstáculo para ocupar de los primeros lugares en cantidad de pobres y desigualdad social, que de acuerdo con el Banco Mundial llega a la mitad de su población, con una muy deficiente distribución de la riqueza, que arroja un Índice de Gini superior al 0,50.

Por todo lo descrito, no nos es indiferente quién resulte electo presidente de Brasil.

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