Cada cuatro años desde 1991 los gobiernos presentan para discusión del Congreso y de todos los colombianos su propio Plan de Desarrollo. La hoja de ruta, la brújula que orientará supuestamente las políticas públicas durante el respectivo cuatrienio. La experiencia nos enseña que muchas de las metas y buenos propósitos incluidos en esta ley del plan no se cumplen, pero algunas otras sí. Más allá de las cifras concretas, el plan registra el espíritu, el talante, la orientación de cada gobierno. Desde el Salto Social de Samper, hasta La Paz de Santos, pasando obviamente por la seguridad democrática de Uribe.

Los debates en el legislativo sobre esos planes fueron muy importantes en su momento  para definir hacia dónde irían esos gobiernos. No es el caso de la discusión que actualmente se tiene del plan de desarrollo del gobierno Duque, que no contiene ninguna línea de acción. Hasta el momento las grandes controversias han estado limitadas a la “volteada” de un par de senadores para lograr una exigua mayoría en las comisiones congresionales y a los “micos” que cada semana se denuncian en los medios de comunicación por parte de congresistas, gremios y analistas.

Hasta el día de hoy los colombianos no tenemos claro hacia dónde quiere conducir el país la actual administración, más allá de ceder a los cantos de sirena de los radicales de su partido que insisten en hacer trizas los acuerdos de paz. Incluso en el mismo plan los vacíos en materia de implementación de los acuerdos y su financiación son evidentes. El PND de Duque supuestamente tiene como propósito fundamental avanzar en la equidad en el país y todos compartimos ese desafío. A pesar de los esfuerzos de los últimos años, somos una sociedad profundamente desigual, la más inequitativa entre las naciones grandes del continente. Sin embargo, su contenido no corresponde para nada con el pomposo título de Pacto por la Equidad. El Plan que aprobará el Congreso la próxima semana ni será fruto de un pacto, ni logrará la equidad para los sectores más pobres de la sociedad colombiana.

El plan se ha convertido en un especie de competencia entre autores de micos, comenzando por el propio gobierno, y los cazadores de estos micos, entre los cuales congresistas de oposición y gremios. Nadie discute sobre las medidas concretas que trae la iniciativa para disminuir la desigualdad. Los grandes debates son sobre intereses particulares y no colectivos. Y en esta oportunidad, como nunca antes en las anteriores décadas, el gobierno no tiene control de la infinidad de propuestas peligrosas, populistas y hasta indecentes que se pretenden aprobar. Desde imponer por ley aranceles a las importaciones de confecciones, hasta definir nuevos términos en la competencia entre fondos privados de pensiones y Colpensiones, pasando por una reforma estructural a la salud y unas facultades extraordinarias al presidente para reestructurar, sin explicar sus objetivos.

Todos ellos son debates importantes para el país que debieran ser objeto de iniciativas específicas para discutirlas a fondo y no de manera apresurada y desordenada con los peligros que ello implica. Pretenden hacer numerosas reformas por la puerta de atrás. Sin mencionar que ya la jurisprudencia de la Corte Constitucional, recientemente ha señalado con toda claridad que no se pueden incluir en leyes de carácter temporal como la del PND, normas de carácter permanente como las que buscan incorporar. Con toda seguridad muchas de esas iniciativas, convenientes o no, serán declaradas inexequibles por la Corte en desarrollo de su función de control constitucional.

En la discusión del PND se percibe desorden, caos, improvisación y debilidad del gobierno. Se convirtió en una colcha de retazos al igual que la reciente reforma tributaria. Se perdió entonces una enorme oportunidad para trazar línea y nos quedaremos sin saber definitivamente cual es el gran propósito que anima a este gobierno, distinto al de tumbar al dictador vecino y hacer trizas los acuerdos de paz. Y en ese despelote, ojo con el Norte de Santander. Se anuncia la inclusión de unas normas para promover la inversión en la región que sin duda son positivas y útiles. Pero sería mucho mejor, como en los otros casos mencionados, que se aprobaran con una iniciativa separada y con carácter permanente y no como un añadido al PND, porque correrán un riesgo grande de caerse en la corte. Ojo bancada parlamentaria del departamento.