El expresidente Álvaro Uribe Vélez muestra como uno de los trofeos (o huevitos) de su gestión de Gobierno en ocho años la llamada “Seguridad democrática”. Lo repite con énfasis de alarde y hasta como producto de exportación. Pero con la marca de esa “Seguridad democrática” fueron asesinados mediante procedimiento extrajudicial 6.402 jóvenes presentados intencionalmente como guerrilleros dados de baja en combate. Una operación sucia encomendada a militares activos de las Fuerzas Armadas del Estado.

Y ese no fue el único capítulo correspondiente al linchamiento de colombianos. El paramilitarismo fue utilizado para el despojo de tierras de los campesinos y como fuerza de violencia para garantizar la protección de los intereses de los gamonales del feudalismo y de los empresarios del narcotráfico, como lo ha revelado sin timideces el exgobernador de Córdoba Benito Osorio, con nombres propios de los patrocinadores de los crímenes y los abusos perpetrados. Por eso se opusieron al acuerdo de paz con las Farc y se comprometieron a “hacerlo trizas”, lo cual han logrado mediante estrategias maquilladas de tácticas de engaño.

Esa política con que se privilegia a la violencia y subestima a las víctimas ha continuado, lo cual explica la impunidad para los actores de los 1.184 líderes sociales y excombatientes de las Farc asesinados (son muchos más), así  como para los policías implicados en homicidios de manifestantes de las protestas sociales.

Mientras la inseguridad se agudiza en el país, el Gobierno ofrece remedios inocuos. En una cacería de distracción los ministros de Defensa y del Interior se disculpan cargándole las responsabilidades a Venezuela y Cuba. Y como maniobra maestra destinan millonarias recompensas a supuestos informantes. La última porción de esa mermelada subió a $ 5.000 millones. Con todo, la violencia sigue y las víctimas aumentan, sin que el Gobierno tome en serio ese desbarrancadero de muerte.

En el caso de las recompensas es necesario que la Contraloría le ponga veeduría a ese gasto. ¿Quiénes son los beneficiarios de esa fuente de riqueza, algo así como una mina que puede resultar semejante a la largueza abudinesca en el contrato de Centros Poblados. Algo ya se ha dicho al respecto y se debe escudriñar para tener la certeza de lo que está ocurriendo.

Sin duda, la política de seguridad en el país es un fracaso ostensible. El mismo Dane tiene indicadores que preocupan. Porque la combinación de pobreza y muerte resulta explosiva. Y no es muerte por el coronavirus sino por la violencia permitida, contrariando la Constitución que dispone la protección de la vida como derecho prioritario.

El autoritarismo lleva a la represión y esta irriga despotismo, una réplica de las dictaduras que tanto dolor y atraso le causaron a América Latina.

Se requiere un cambio de rumbo, con una dinámica basada en la democracia. Este debe traducirse en libertad y en consolidación de condiciones de dignidad para todos, en función de la satisfacción de las necesidades esenciales. Es la libertad.

Puntada

El debate electoral no puede agotarse en mezquindades.

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