La situación de grave peligro en que se encuentra la población colombiana por causa del coronavirus y su rapidísimo contagio, y las increíbles circunstancias de desprotección en que se encuentra el personal médico y asistencial en todo el territorio, pero en especial, en zonas tradicionalmente abandonadas por el Estado –como el Chocó o la Guajira-, y en muchos municipios de otros departamentos, ha provocado, además de los justificados reclamos de las asociaciones médicas y de los propios trabajadores de la salud, las reflexiones del Gobierno y la adopción de medidas, con base en decretos legislativos dictados al amparo del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.
Ya estudiaremos el contenido de los decretos, que estarán sujetos al control político del Congreso y al jurídico a cargo de la Corte Constitucional. Por ahora, es imperativo reconocer –y así lo debería entender el Gobierno, diseñando una reestructuración integral para conocimiento de las cámaras legislativas- que el sistema de salud vigente es inadecuado, injusto, ineficaz; que está en manos de intermediarios dedicados a negar tratamientos, intervenciones quirúrgicas y medicamentos, y a posponer indefinidamente las citas más urgentes; que las secretarías de juzgados y tribunales y de la Corte Constitucional están congestionados con expedientes de tutela en solicitud de protección judicial ante los abusos de esos intermediarios; que el sistema se ha prestado para corrupción, como se ha visto en casos bien conocidos por la opinión pública; que, como se concluye de todo lo dicho y escrito en estos días por agremiaciones, médicos y pacientes, y por distintos funcionarios gubernamentales, en medio del Covid-19, los profesionales, auxiliares, enfermeros, camilleros y demás trabajadores de la salud están, y seguirán estando, más desprotegidos que nunca. Una verdad inocultable que implica grave riesgo para todos.
Ordena el Gobierno a las entidades encargadas de prevenir y atender riesgos laborales y enfermedades profesionales que cumplan la tarea que les corresponde. Y eso está bien, pero no tiene en cuenta que, en muchos casos –si no en la gran mayoría-, estos trabajadores y profesionales, inclusive quienes laboran bajo continuada dependencia, no tienen celebrados, como debiera ser, contratos laborales, sino contratos transitorios de prestación de servicios, sin estabilidad (son prorrogados de tiempo en tiempo, a voluntad de las entidades y muchas veces por recomendación política), sin prestaciones sociales, debiendo asumir ellos –como si fueran realmente independientes- la seguridad social y las cotizaciones para pensión. Ahora, a raíz de la pandemia, el Ejecutivo quiere que todos ellos –inclusive estudiantes de medicina y de postgrado- estén disponibles de manera permanente, pero sin ninguna garantía para la protección de su salud y, por consiguiente, las de los pacientes a su cuidado.
Sabemos que los muchos problemas del sistema de salud, que vienen de atrás, no van a poder ser solucionados como por ensalmo, mediante la emergencia y en medio de la grave crisis del coronavirus, que presenta muchos otros frentes a los cuales debe atender el Gobierno. Pero es indispensable que, por ahora, más que discursos, condolencias y aplausos, se entienda que se requieren medidas urgentes e inmediatas. Y hacia el futuro, como decimos arriba, hay que elaborar un proyecto de reforma serio, completo e integral que sustituya la Ley 100 de 1993 y las normas que la desarrollan. Con otro enfoque.
