A propósito de la trascendencia electoral que trae este año 2022 por las elecciones del Congreso y presidencia en Colombia, hay un tema interesante para analizar y es el referido a la consolidación y respeto del Estado de Derecho. 

La Constitución lo desarrolla a lo largo de sus normas, en especial en los artículos primero y cuarto que se refieren a principios fundamentales como son el modelo de Estado social de Derecho y la supremacía constitucional frente a las demás normas del sistema, los cuales buscan desarrollar al máximo el valor llamado dignidad humana. Ello significa que el Estado de Derecho es un instrumento al servicio de los ciudadanos que busca limitar el poder de las autoridades públicas, generar seguridad y certeza jurídica frente a los derechos constitucionales de las personas y consolidar un mecanismo de gobierno que cumpla con los fines de la Constitución.

La organización independiente y multidisciplinaria que maneja el proyecto de justicia mundial (WJP por sus siglas en inglés) ha venido trabajando en crear conocimiento, consciencia y estimular la acción para consolidar el Estado de Derecho a lo largo del mundo. Para esta Organización consolidar el Estado de Derecho ayudaría a reducir la corrupción, a combatir la pobreza, y a proteger a las personas de las grandes injusticias. El Estado de Derecho viene a ser así el fundamento de justicia, oportunidades y paz buscando el desarrollo, la confianza en el gobierno y el respeto hacia los derechos fundamentales.

El proyecto de justicia mundial (WJP) define al Estado de Derecho como un sistema estable de normas, instituciones y un compromiso comunitario que busca cumplir los siguientes principios: primero, confiabilidad en el gobierno, es decir, el gobierno y los actores privados son confiables bajo el imperio de la Ley. Segundo, Derecho justo, es decir, las leyes son claras, públicas, estables, y siempre respetadas. Tercero, gobierno abierto, es decir, la forma en que las leyes son creadas, administradas, aplicadas y cumplidas es accesible, justa y eficiente. Y cuarto, una justicia accesible e imparcial, es decir, la justicia es administrada a tiempo por representantes competentes, éticos, independientes y neutrales los cuales son asequibles, tienen instrumentos adecuados y están al servicio de la comunidad.

El índice de Estado de Derecho es un reporte anual basado en encuestas a más de 138.000 hogares y 4.200 especialistas alrededor del mundo. Este índice incluye ocho factores en su medición: límites al poder gubernamental, ausencia de corrupción, gobierno abierto, Derechos Fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia civil y justicia penal.

Para el caso de Colombia el puntaje general se redujo 2,2% en el índice de Estado de Derecho del año 2021. Comparada con el mundo Colombia ocupó el puesto 86 entre 139 países y cayó dos posiciones en la clasificación global. A nivel regional, ocupó la posición 19 entre 32 países en América Latina y el Caribe; así como el puesto 26 entre 40 países de ingreso mediano alto. En contraste, en la región de América Latina y el Caribe, los países con los puntajes más altos fueron Uruguay, Costa Rica y Chile. A nivel mundial, los países con puntajes más altos fueron Dinamarca, Noruega y Finlandia.

Como corolario, las tendencias específicas para Colombia incluyen un deterioro en la dimensión que mide los derechos fundamentales por lo cual será tarea esencial para el próximo gobierno desarrollar estrategias eficaces para fortalecer el Estado de Derecho como baluarte necesario en cualquier democracia real.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en: http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion