Mientras el país discutía sobre la conveniencia o no del famoso artículo 210 sobre fracking de la ley de Regalías recientemente aprobada, las autoridades locales no atendieron las voces que dejaban saber cómo se atentaba contra los intereses económicos de las regiones más vulnerables del país, pues en el caso de Norte de Santander las estimaciones dan cuenta que se dejarán de percibir cerca de 134.000 millones de pesos en el bienio, a través de los fondos existentes.

Esta circunstancia, en un departamento golpeado infatigablemente por la violencia y en el cual el abandono estatal es evidente, significa retroceder administrativa y fiscalmente, pues pierde autonomía en la resolución de sus problemas y se impide la inversión necesaria para eliminar la tensión social de la manera correcta.

Según estimaciones efectuadas por la Federación Nacional de Departamentos, la única entidad territorial que se vería beneficiada en la región del Centro Oriente con la reforma, sería Bogotá; lo cual agudiza el fraccionamiento histórico producto del excesivo centralismo en nuestro país.

La Federación Nacional de Departamentos, además advierte que “La nueva fórmula de distribución propuesta por el Gobierno Nacional le otorga un mayor peso a la población de los territorios y se distribuye con una asignación departamental del 50%, y el otro 50% irá a una bolsa concursable entre las entidades territoriales de la región”.

Lo anterior significa que la nueva propuesta no sólo retrocede en materia de inversión asignada de manera regionalizada a las entidades territoriales, sino que vuelve al esquema de bolsas concursables regionales, las cuales en el pasado demostraron ser objeto de fuertes intervenciones de tipo político, donde los departamentos con más capacidad política, técnica y de gestión, se quedaban con el total de la bolsa, dejando a departamentos débiles institucionalmente como el nuestro, sin la posibilidad de lograr inversiones.

Para agudizar a un más el rampante centralismo, la reforma modifica los Organos Colegiados de Administración y Decisión (Ocad), quitando la secretaria técnica de los mismos a las entidades territoriales (gobernación y alcaldías) y entregándola al Departamento de Planeación Nacional.

La Secretaria Técnica tendría la tarea exclusiva de VIABILIZAR los proyectos, lo que se volverá el cuello de botella para la aprobación de proyectos, como sucedió en el pasado con los Recursos de Ciencia y Tecnología donde los expertos nacionales no aprobaron nunca los proyectos regionales.

En resumidas cuentas estamos frente a una ley que no sólo lesiona la autonomía territorial desde la perspectiva de los recursos, sino en la posibilidad de definir las prioridades de inversión, disminuyendo la capacidad técnica de los territorios. La dirigencia regional se equivocó en la jugada, por estar atacando la forma de explotación de los hidrocarburos, descuidó la portería de la inversión, permitiendo que el gobierno le metiera el golazo del fracking.