Verdaderamente aterrador es el informe del auditor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez, en donde establece que las entidades territoriales tienen un total de $22 billones en cuentas que no han ejecutado, correspondientes a diferentes rubros de inversión generados en distintas épocas.
Esos dineros reposan principalmente en cuentas corrientes y de ahorro y están asignados a programas que no arrancaron, que se suspendieron y que simplemente se olvidaron.
Resulta increíble que en medio de una pobreza tan grande como la que se vive en las regiones de Colombia, existan situaciones como esta, en donde aparecen recursos valiosos durmiendo en entidades financieras y viendo correr el tiempo que los van dejando cada vez mas menguados por el efecto de la desvalorización de la moneda.
Quienes sean responsables de escenarios como los señalados en el hallazgo del auditor, merecen ser castigados ejemplarmente, pues resulta absolutamente inadmisible que mientras las necesidades afloran por todas partes, los dineros reposen sin ningún uso en cuentas bancarias, enfrentados a ese doloroso proceso del menor valor por cada día que pase.
Ahora que este informe ha sido enviado a la Procuraduría, con nombre propio de gobernadores y alcaldes incursos en este lamentable episodio, bueno sería que se procediera a un inmediato análisis para que la ciudadanía esté en capacidad de saber quiénes son los verdaderos responsables de semejante ineficiencia y de tremenda desidia, que atenta contra los recursos públicos y constituye una afrenta a los ciudadanos que claman por obras y servicios, mientras los dineros que aportan al Estado duermen vergonzosamente en toda clase de cuentas bancarias.   
La ciudadanía merece una explicación inmediata a este lamentable estado de cosas: los funcionarios durmiendo, mientras no es posible diseñar esquemas de inversión, porque la pereza burocrática todo lo impide y todo lo torpedea. Quien teniendo dineros, no es capaz de gastarlos en los asuntos confiados a su cargo, no merece, bajo ninguna circunstancia, la confianza pública para que continúe al frente de una responsabilidad que no está en condiciones de cumplir cabalmente.
El Auditor General lo ha dicho con toda claridad “la falta de ejecución de dineros públicos, es tan perjudicial como su desvío”.