Estas vueltas y revueltas que se han dado en las empresas públicas de Medellín, en donde se nombra un gerente y en un par de días amanece otro, en medio de señalamientos y escándalos, definitivamente demuestran que el Estado no está en capacidad de administrar esos entes, pues a ellos se incorpora de inmediato el ingrediente político que entra a fijar prioridades, no propiamente para brindarles valor agregado a las instituciones.

Y si esto pasa en la empresa estatal mas grande del Estado, después de Ecopetrol, pues que podremos esperar de las otras, de todas aquellas que funcionan en departamentos y municipios, en donde es necesario asegurar participaciones a parlamentarios, diputados y concejales, además de las propias de cada gobernador o alcalde, en donde la pretensión y prioridad es hacer de cada empresa un feudo político para que las decisiones de personal y de contratación estén a tono con la correspondiente etiqueta.

Es realmente muy triste que en las empresas estatales se dé ese espectáculo tan deprimente y horrendo, pues todo eso es a costa de los dineros públicos, aquellos por los que el ciudadano tiene que trabajar incansablemente para podérselos trasladar al Estado, que ahí sí, con toda diligencia los recauda, so pena de hacerlo por las vías judiciales, acudiendo a embargos y remates si es necesario.

La gobernanza al interior de las empresas oficiales, no ha sido posible definirla en un esquema lejos de la interferencia política, y esta es la razón por la cual cada vez que hay un titular en un despacho público, de inmediato viene el remezón en todas las dependencias en donde tenga injerencia, y por supuesto en las empresas de su órbita.

La experiencia amarga ya se ha visto hasta en la propia Bogotá, en donde decisiones equivocadas han hecho ir al traste con los valores de apreciación que calculan las firmas calificadoras de riesgo.

Y en materia de licitaciones, vemos toda clase de desastres, en donde se adjudican contratos que no son bien estudiados y al aplicar los criterios subjetivos de valoración, caen en manos de inexpertos e inescrupulosos contratistas con las consecuencias que se traducen en obras inconclusas o mal ejecutadas, en donde el desastre termina siendo la característica general.

Dentro de tantas ofertas electorales, nunca hemos visto una que pretenda brindarle un esquema de protección a las empresas estatales, para asegurarles una gobernanza lejos de los intereses electorales o personales, y se pueda garantizar de esta manera un manejo transparente y en entera consecuencia con los objetivos estatutarios de los organismos públicos.   

Ahora que tenemos el espejo de las Empresas Públicas de Medellín ¿qué mas razones se necesitan para llamar la atención a este fundamental problema de interés nacional?