El nuevo presidente de la Corte Constitucional, Alberto Rojas, ha sido contundente al calificar a la justicia colombiana, de la cual él mismo hace parte “el 82% no aprueba la justicia, eso es un desastre en una democracia” ha dicho con todo énfasis y sinceridad, en una expresión llena de lamento y frustración.

Y resulta casi imposible hacer una lista de las fallas que presenta nuestro actual sistema judicial, pues son tantas, que no nos alcanzaría el espacio para plasmarlo. Pero podemos señalar las principales: pocos jueces para tantos procesos; falta de investigadores; carencia de medios tecnológicos para lograr la eficiencia en los procesos; falta de capacitación en los operadores de la justicia; carencia de infraestructura para laborar en condiciones dignas; imposibilidad de procesos ágiles para evacuar las decisiones, cárceles atroces, y la más lamentable de todas: la incertidumbre en la duración de un proceso, pues se sabe cuándo comienza, y jamás cuándo termina.

Y aquí precisamente se encuentra el meollo del asunto: cuando un proceso no puede contar con la celeridad requerida, las pruebas se diluyen, los testimonios se esfuman, y las partes se aburren dentro del mismo, hasta que el juez, frente a la inactividad registrada, termina declarando su archivo, para poderse quitar un proceso más de encima.

De esta manera es que llega la impunidad, pues la falta de efectividad de la justicia, hace que los criminales queden libres y que tengan el campo a sus anchas, con la altísima certidumbre de que nada les va a pasar.

Ahora que la ministra Cabello está cumpliendo con su promesa de presentar un texto de reforma, es necesario convocar una especia de comisión de sabios de la Justicia, para que la estudien muy bien y procedan a depurarla, a enriquecerla y a socializarla dentro de los entendidos y también dentro de la ciudadanía, para que se aproveche esta oportunidad para que salga un texto, altamente identificado con las verdaderas soluciones que debe tener la crisis que actualmente experimenta esa rama del poder público.

Un país sin una justicia eficiente, constituye una de las señales de atraso más reveladoras, y a su vez, una muestra evidente de la condición de vulnerabilidad de los ciudadanos.

La confianza en las instituciones hay que rescatarla como sea; ese es uno de los principales deberes de cualquier gobernante, y por eso es que esta oportunidad tiene que brindar la mejor alternativa de solución.

El ejecutivo ya tiene afianzadas las mayorías en el Congreso, con el reciente ajuste hecho al gabinete ministerial, esto garantiza que los votos están dispuestos para la aprobación de un texto, y éste tiene que ser el mejor y más calificado, para que esté en condiciones de garantizar un resultado positivo y esperanzador. Si de aquí no sale lo esperado ¡apague y vámonos!