El control y regulación de la movilidad en Cúcuta, ha tenido varias historias, entre ellas cuando su manejo estuvo en manos de alférez de tránsito, pertenecientes a la nómina de empleados de la alcaldía municipal.

Absolutamente todos sus integrantes, eran cuota de los concejales de turno y la aplicación de sanciones, se desviaba en muchas ocasiones por orden de los mismos. 

De igual manera, la selección de las personas que estuvieron laborando en tan importante misión, carecían en su gran mayoría de formación en la temática y de ahí las múltiples irregularidades.

La propuesta del concejal Jaime Marthey, consistente en revivir el modelo anterior, no solo es riesgosa financiera sino operativamente, puesto que el ejercicio de la administración pública, apunta a reducir los costos derivados de salarios y cargas prestacionales y la iniciativa del munícipe, es diametralmente opuesta. 

En cuanto a la operatividad del convenio con la Policía Nacional, particularmente el cuerpo especializado de tránsito, algunas veces ha sido objeto de duras críticas en mi columna, incluidos altos oficiales por diversos temas y además, por ignorar las solicitudes del Secretario de Tránsito, quien tuvo el valor civil al denunciar la situación en el recinto de la democracia municipal, situación que bien puede interpretarse como incumplimiento de lo acordado por parte de la institución.

Sin embargo, es necesario analizar que además del equipo humano, cuentan con un poderoso sistema de comunicaciones, vehículos, motocicletas, señalización y demás elementos que muy difícilmente puede ofrecer un grupo de civiles con autoridad y con el alto riesgo de no contar con suficientes recursos. 

Además, sería caótico tratar de controlar a muchos ciudadanos que abiertamente enfrentan a la autoridad, cuando son sorprendidos violando la normatividad. 

Hace más de dos décadas, he venido escribiendo sobre el reducido apoyo que ha tenido la Secretaría de Tránsito por parte de las diferentes administraciones, sumado a la indiferencia del legislativo municipal, para pensar en la creación de un equipo de alférez y demás gastos de logística que ocasionarían un franco deterioro de lo avanzado en los dos últimos años.

En cuanto al convenio, es un poco tarde para ajustar cláusulas, sin embargo es prudente recordarle al comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, sea cual fuere el oficial a cargo, el riesgo que ofrece el hecho de cruzar la frontera legal del convenio, cuando decide dar órdenes al personal comprometido para el apoyo de la movilidad en la ciudad.

Es lamentable, que pasados más de treinta días, el documento esté pendiente para la firma del General Nieto, director general de la institución, que posiblemente se encuentre en disfrute de vacaciones u otra comisión oficial y parece ser que nadie se atreve a resolver tan minúsculo problema, comparado con los que de seguro, se tratan a diario en ese Despacho.

Por lo anterior, sugiero que sea el mismo presidente de la corporación, quien oficie al ministro de Defensa para que destrabe  el asunto y los uniformados cumplan a cabalidad lo suscrito por las partes y reconsidere la inconveniente propuesta de aumentar la burocracia municipal, representada en alférez de tránsito.