Estamos desbordados de anuncios sobre todo lo que va a cambiar. Ojalá los retiros espirituales del gobierno en Hatogrande hayan servido para fijar prioridades y unificar mensajes. El país necesita más claridad sobre lo que realmente quiere impulsar la actual administración. Con toda razón, la gente se pregunta si será la paz total, la reforma pensional, la de la salud, o la de la justicia –o todas a la vez–. Una agenda tan ambiciosa requiere buena planeación y coordinación, algo en lo que el gobierno tiene, como dicen ahora, oportunidades de mejora.

No me sorprendería que en el trasfondo de las conversaciones del gabinete haya dos objetivos. El primero, lograr un fortalecimiento del Pacto Histórico de cara a las elecciones de octubre del próximo año. El segundo, evitar que la economía tenga una caída en picada.

El pasado jueves, el Banco de la República anunció que su proyección de crecimiento para 2023 es un magro 0,8%. Esta cifra se puede volver negativa muy fácilmente y dar al traste con los objetivos electorales.

Como siempre he pensado que la economía ancla las conversaciones, pero la política es la que tiene la última palabra, supongo que –sin decirlo– las elecciones de 2023 dominaron la conversación en Hatogrande. La principal razón es que cada vez más las presidenciales dependen de lo que pase en las regionales. Asegurar las alcaldías en las principales ciudades y un buen número de gobernaciones es el objetivo a lograr para un proyecto político que quiere ir más allá de 2026.

Con ese foco, el Gobierno tratará de mantener la coalición en el Congreso. No se sorprendan si el Partido Conservador le da su aval al Pacto Histórico para la Alcaldía de Medellín, a cambio de recibir el apoyo para la alcaldía de Itagüí. Y así será por todo el país.

Pero también hay que decir que una amalgama de partidos tan disímiles tiene a muchos descontentos, empezando por el propio gobierno y su partido, que consideran que han tenido que entregar más de lo que hubieran querido. Pese a ello, la coalición sobrevivirá, por lo menos por ahora.

La coalición probablemente le dará prioridad a la reforma pensional. El dividendo electoral de incrementar los subsidios a las personas de la tercera edad en condición de pobreza es enorme. El Congreso moderará las pretensiones del Ejecutivo, pero la aprobará, como ocurrirá con la tributaria.

No veo mucho más espacio para acuerdos sobre reformas económicas. En el caso de la salud, aunque la ministra recibe aplausos cuando habla de acabar con las EPS, los congresistas saben bien que se generaría un caos en la prestación de los servicios y que el remedio sería peor que la enfermedad.

Por eso, el Gobierno empezará a mirar con mayor interés las medidas que no requieren aprobación legislativa, como el aumento del salario mínimo, la regulación de las tarifas de energía, el comercio internacional, y las licencias ambientales. Es en estas áreas donde veo los mayores riesgos de medidas de corte populista.

¿Qué significa todo esto para la economía? La pregunta no es si habrá desaceleración, sino si el aterrizaje será suave o si habrá caída libre. Esto dependerá de lo que hagan los capitales extranjeros que han comprado una gran cantidad de TES en los últimos años. No tengo duda que estos inversionistas, comenzarán a vender activos si ven que Colombia opta por gastar el ahorro pensional, subir excesivamente el salario mínimo, y tomar medidas regulatorias que se perciben como arbitrarias.

En ese caso habrá más devaluación, aumentará la inflación y el Banco de la República subirá la tasa de interés más allá de lo que hoy espera el mercado. Este es el escenario de la caída libre.

En ese caso, la desbandada de los partidos que hacen parte de la coalición podría comenzar antes de las elecciones de octubre. Por eso, incluso si piensa sólo en términos electorales, haría bien el Gobierno en definir prioridades, moderar su discurso y reducir la incertidumbre que frena la inversión.

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