El 4 de noviembre se sancionó la Ley de Paz Total. A pesar de que es un texto corto, amerita múltiples análisis por la importancia y las consecuencias de las decisiones que allí se toman. Mencionaré tres dudas de forma y de fondo sobre el tema.
1. Habrá regiones de paz en las que se puedan adelantar diálogos y se priorizarán los municipios más afectados por el conflicto armado. Sin embargo, estas regiones “no serán zonas de ubicación temporal ni de despeje de la fuerza pública”. Si se lee con detenimiento la frase es una contradicción en los términos, pues afirma que no se ubicará allí a la fuerza pública y al mismo tiempo dice que no habrá despeje. Entonces, ¿habrá o no habrá presencia de las fuerzas armadas en las regiones de paz? Si habrá, ¿cuáles serán las condiciones para dialogar con calma en un país que padece múltiples violencias?
2. El presidente podrá designar Comisionados de Paz Regionales y su trabajo será facilitar la participación y el diálogo con la comunidad. La idea es buena, pero hay dos inquietudes que surgen de allí. La primera es: ¿Cómo controlar la información que se filtra a la prensa sobre asuntos tan delicados? Este Gobierno tiene un serio problema de comunicaciones y si a esto se le agrega una lista de comisionados hablando desde los rincones del país sobre los avances de paz, la situación puede salirse fácilmente de control. Algo puede aprenderse del equipo que participó en La Habana. La segunda es: ¿Qué pasará con los Comisionados de Paz Regionales cuando finalice el presente Gobierno? Las negociaciones se pueden extender más allá de este período presidencial y la confianza que se ha generado con la comunidad puede verse afectada si se corta de un momento a otro.
3. Se creará el Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas. El objetivo es desarmar a los grupos y a la población en general. Es una idea que va más allá de la suspensión general de porte de armas de fuego que rige en Colombia desde 2015 y, en ese sentido, es una buena estrategia. Sin embargo, ¿este programa estará enlazado con los planes de seguridad de los municipios y departamentos del país? En caso contrario, se estaría duplicando funciones de entidades nacionales y territoriales que buscan los mismos fines. Además de esto, ¿el programa está pensado para los actuales alcaldes y gobernadores? Debe tenerse en cuenta que sus períodos de mandato están finalizando, así que incorporar este programa a sus planes resultaría complejo, en el mejor de los casos. Y, por último, ¿con cuáles otras estrategias se combinará el programa para disminuir la violencia con arma de fuego en el país?
La ley que crea la hoja de ruta del Gobierno en temas de paz deja otras dudas: ¿Se negociará en medio de la guerra o esto dependerá de cada grupo? ¿Los territorios de frontera tendrán un trato diferencial dado el carácter binacional de sus conflictos? ¿Qué implicaciones prácticas, más allá de la retórica, tendrá la “paz con la naturaleza”? Estas preguntas, junto con los apartados donde se define la seguridad humana y la política de paz total, y donde se faculta a los delegados presidenciales para realizar negociaciones y acercamientos, merecen un capítulo aparte que se tratarán en una próxima ocasión.
