La semana anterior les conté que la Comisión de Seguridad Aérea del Senado de la República, entregó el informe final de su gestión con varios hallazgos delicados. Hoy quiero profundizar sobre el que más preocupación me generó. Se trata del déficit de vigilancia en 101 aeródromos del país, que se encuentran bajo la administración de 59 entidades territoriales. Estamos hablando de aeropuertos administrados por gobernaciones y municipios, que presentan casos complejos como que, en Sucre, o en el Vichada, puede haber 60 o 50 pistas donde no hay control efectivo de sus operaciones.
Específicamente, el estudio realizado por la Superintendencia de Puertos y Transporte, arrojó que de los 101 aeródromos mencionados, el 95% no cuentan con ningún tipo de administración. Por esa razón, la entidad actualmente adelanta un proyecto para que las entidades territoriales, que tienen a cargo está infraestructura aérea, formalicen una administración a través de un funcionario o una dependencia de la alcaldía o de la gobernación, y así, se ejerza un control de las condiciones mínimas de operación y el funcionamiento de los aeródromos.
Si cruzamos el listado de gobernaciones y alcaldías, que son propietarias y/o explotadoras de estos 101 aeródromos, con la información sobre los departamentos con más cultivos de coca, encontramos que muchas de estas pistas están precisamente en aquellos departamentos. Así, nos referimos por ejemplo al aeródromo del municipio López de Micay y de Timbiquí que se ubican en el departamento del Cauca, un departamento del que se ha dicho por la prensa nacional que “nada en un mar de coca”. También nos preocupa la ausencia de vigilancia y control sobre el aeródromo de Caucaya en el Putumayo y el aeródromo de El Charco, en Nariño.
Por todas estas razones, es necesario dotar a la Superintendencia de Puertos y Transporte de competencia o funciones específicas, para ejercer control y vigilancia de manera efectiva y eficiente sobre las tasas que las aerolíneas le adeudan a la entidad, pero sobre todo los aeródromos que están bajo la jurisdicción de las entidades territoriales; con el fin de que se pueda corregir el mal estado o abandono de algunos de ellos y detectar a tiempo, usos irregulares de sus pistas u otras situaciones que puedan configurar actividades al margen de la ley; y dar traslado a la autoridad competente en esa materia. En sus inicios, el narcotráfico en Colombia fue controlado por carteles que utilizaron aeropuertos, pistas y equipajes, para el transporte de droga al exterior y repatriación de capitales. No podemos dejar que esto nos vuelva a pasar.
