Casi tres años después de la firma del acuerdo de paz con la guerrilla de las Farc, realizada el 24 de noviembre de 2016 en el Teatro Colón de Bogotá, son muchas las deudas que ese pacto tiene con los colombianos. Por ejemplo, había gran expectativa frente a la disminución de la violencia, pero las nuevas manifestaciones de la delincuencia hacen que las disputas se incrementen y el asedio a la población civil continúe. 

Una de las tareas que en la actualidad debería estar adelantada es la erradicación de las minas antipersona. Estudios recientes muestran que por el contrario esa labor será de largo aliento, puesto que las cifras positivas que se tenían frente al desminado se opacan por las organizaciones ilegales que siguen sembrando explosivos. 

Habitantes de algunas regiones del departamento del Chocó y del Catatumbo, en Norte de Santander, se encuentran secuestrados en sus parcelas, pues no pueden movilizarse libremente por temor a pisar un artefacto. Esta situación la sufren especialmente los niños que pasan dificultades para llegar a la escuela. 

La Oficina del Alto Comisionado para la Paz registra cerca de 12.000 víctimas de las minas antipersona en el país, el 20 por ciento de ellas perdieron la vida, el 21 por ciento fueron menores de edad. En el 2019 ya se cuentan 80 afectados por esta causa. Es alarmante que haya 512 municipios perjudicados siendo Antioquia, Nariño, Meta y Cauca los departamentos que más casos presentan. 

Las actuaciones demenciales del Ejército de Liberación Nacional, ELN, y el Clan del Golfo, hacen que más zonas rurales sean alcanzadas por estos artefactos de muerte. La que más padece es la población civil que se encuentra expuesta al peligro que significa pisar un explosivo, aunque la Fuerza Pública pone su cuota de sacrificio en esta guerra en la que los grupos al margen de la ley usan armas no convencionales entre sus métodos terroristas. Una visita al batallón de sanidad permite corroborar las huellas que el conflicto ha dejado en los soldados. Este es un acto cobarde y despiadado. Al camuflar las bombas están atentando de manera indiscriminada contra niños, mujeres, campesinos, personas de la tercera edad y soldados. 

Se suma a las acciones del ELN y el Clan del Golfo, el incumplimiento del compromiso de la desmovilizada guerrilla de las Farc de colaborar activamente en el desminado para facilitar el proceso, teniendo en cuenta que son ellos quienes deberían saber dónde ubicaron los explosivos. 

Desde finales del siglo XX la comunidad internacional prohibió el uso, producción, almacenamiento y transporte de minas antipersona y conminó a los Estados a retirarlas. Enterrar bombas atenta contra las normas de Derecho Internacional Humanitario y los compromisos de la Convención de Ottawa. 

Colombia llegó a ocupar el segundo lugar como el país con más minas, ahora está ubicada en el décimo puesto gracias al esfuerzo estatal para reducir el número de explosivos. Lo preocupante es que no se haya abandonado esta práctica y se utilice como método de intimidación. 

@WilsonRuizO