El jueves de la semana que pasó, escuche en una emisora radial, a un señor que le parecía el colmo de la ciudad, que los conductores de vehículos colectivos amarillos, le estuviesen cobrando a tres mil pesos el pasaje, cuando usualmente paga mil pesos menos.

Al principio me sorprendí, porque se podría tratar de un aumento injustificado del cincuenta por ciento y de ahí la queja del usuario.

Lo que esa persona y muchas otras no saben, es que dicho “servicio” aunque es prestado por vehículos de servicio público, tienen como restricción, que en dichas unidades no se pueden transportar tres o cuatro personas que no guarden lazos de familiaridad y por lo tanto se consideran ilegales.  

Así las cosas, el quejoso no puede recibir el apoyo de la autoridad, dada la condición del conductor, que de forma inmediata se convierte en infractor al realizar este tipo de actividad laboral.

Ahora, no es un secreto que la informalidad aumenta, en la medida que las empresas autorizadas, abandonen las rutas asignadas y establecidas por medio de actos administrativos. También sucede, que aquellas empresas que debieran cubrir diferentes recorridos, deciden prestar el servicio de manera intermitente y ahora más, cuando el flujo de pasajeros ha disminuido por obvias razones.

En cuanto al ciudadano arriesgado, conductor del vehículo colectivo ilegal, además de exponerse a la sanción de las autoridades de tránsito, queda en riesgo permanente de ser contaminado con el mortal virus, ya sea por los pasajeros que pudieran ser portadores o por medio de los billetes y monedas que reciben por el pago del trabajo, sencillamente porque no tiene ningún otro tipo de ingreso.

Con respecto a la tarifa, bien sabemos todas las restricciones existentes y por tal motivo, los que decidan optar por la ilegalidad deberán pagar el valor del pasaje que determine el actor de la citada modalidad de transporte, seguro que mañana subirá al doscientos por ciento y si quiere llegar a su hogar, los pagará.

En poco tiempo, tendremos miles de personas contagiadas en nuestra ciudad, ante la desobediencia evidenciada por miles de ciudadanos, ignorando la situación y creyendo que se trata de estrategias y otras bobadas, publicadas en las redes. 

En cuanto a la extraña denuncia relatada, permite deducir que muchos usuarios del servicio público, no distinguen entre lo legal e ilegal y por ese detalle, tendrán que pagar tarifas superiores a las autorizadas.