En recientes declaraciones, el Presidente Petro afirmó que no hay suficiente dinero para indemnizar a las víctimas de la violencia en Colombia, y tampoco para desarrollar los acuerdos de La Habana firmados con las FARC.

Estas deducciones las debió sacar el mandatario después de hacer el balance de los ingresos y los compromisos gubernamentales. Era de esperarse. Esta es la realidad a la que se enfrentan todos los gobiernos porque las necesidades de la población colombiana son más grandes que los recursos con que se cuenta para resolverlas.

Pero, sobre los puntos específicos que menciona el presidente cabe hacer observaciones de carácter general, porque es difícil precisar las cifras que los rodean. Cuando se refiere a la indemnización a las víctimas no menciona la obligación de las FARC de devolver los bienes, fruto de sus delitos, para resarcirlas de los daños que les causaron. Ese compromiso ha ido quedando en la nebulosa de las investigaciones nunca culminadas, y de las enrevesadas explicaciones de los guerrilleros desmovilizados para sacarle el cuerpo a sus responsabilidades.

En cuanto a la implementación de los acuerdos de La Habana tenemos que retroceder al largo proceso que se surtió durante el gobierno de Juan Manuel Santos cuando, frente a todos los compromisos que fue adquiriendo el gobierno nacional presionado por los guerrilleros, no se hicieron cuentas de sus costos. Para ese gobierno lo único que importaba era lograr la firma por la guerrilla de los acuerdos, a cualquier precio, sin parar mientes en lo que tendrían que conseguir los mandatarios subsiguientes para darles cumplimiento. Ese es pan caliente que tiene en sus manos el presidente Petro.

Ahora bien, cuál es el camino para darle solución a tan compleja situación es una de las tareas del gobernante. Y la primera propuesta que lanzó es sugerir que el Banco de la República emita bonos para indemnizar a las víctimas. Es decir ¿imprimir moneda o adquirir por el banco unos créditos en favor del gobierno que fue, precisamente, lo que quiso evitar la Constitución Política de 1991 al establecer la independencia del Banco de la República?

Bajo una ideología estatista es fácil endilgarle a las cuentas oficiales todos los costos de subsidios, deudas y regalos, sin ofrecer a los ciudadanos oportunidades de trabajo; sin exigir el compromiso de devolver los frutos de sus delitos a quienes los han cometido; sin estimular la inversión privada que es la verdadera creadora de empleos productivos.

El país espera que el gobierno del cambio, como ofreció, asuma una política de austeridad oficial; erradique la corrupción de las entidades públicas; actúe en la solución de los problemas nacionales con un criterio serio de prioridades; conduzca al país por la senda del progreso, y ofrezca seguridad a sus habitantes.

Nadie quiere que el gobierno fracase, pero espera que su gestión esté encaminada al bien común de todos los que forman parte de esta nación tan sacrificada por la violencia y tan acosada por las necesidades. Ojalá sea así.

ramirezperez2000@yahoo.com.mx

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