Con ocasión del cuarto aniversario de la firma del histórico acuerdo de paz con las FARC, el movimiento Defendamos La Paz convocó una Cumbre Internacional para hacer un balance de su implementación. La declaración final del evento fue :

Cuando se cumplen cuatro años de la firma en Cartagena del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, debemos hacer un alto para resaltar los beneficios que nos ha dejado. 

Desde la firma del acuerdo, e incluso antes, Colombia comenzó a vivir un clima de mayor tranquilidad. La desmovilización y el desarme de más de 12.000 combatientes de las FARC disminuyeron sustancialmente los niveles de violencia en la mayor parte del territorio nacional. Se redujeron las muertes de soldados, policías y guerrilleros, así como los hechos victimizantes contra víctimas civiles, y las masacres dejaron de constituir un fenómeno rutinario. La reincorporación se consolidó en medio de las dificultades, el partido FARC actúa hoy en la legalidad y el proceso de paz ha tenido significativos efectos democráticos.

El respaldo de la comunidad internacional encabezada por la ONU, la acción decidida de las mayorías en el Congreso, la movilización de la sociedad civil y la autonomía de las instituciones judiciales han impedido que tengan éxito los intentos de “hacer trizas” la paz, pero engavetaron los acuerdos. El alud de cifras que presenta el gobierno sobre una supuesta implementación, se ahoga ante la realidad de un discurso oficial agresivo contra el acuerdo y las iniciativas legales para modificarlo, que generan desesperanza e incertidumbre en los territorios. 

La ausencia de compromiso del Gobierno Nacional en la implementación integral del Acuerdo de Paz y la decisión de algunos de quienes participaron en la negociación de regresar a las armas nos han  conducido en los últimos dos años hacia el recrudecimiento del conflicto en áreas históricamente afectadas por la violencia. El ELN y las disidencias de las FARC doblaron su presencia en municipios en estos dos años y se han fortalecido los grupos sucesores del paramilitarismo. 

Apoyamos con decisión la tarea de la Jurisdicción Especial para la Paz, la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, comprometidas con las víctimas y sus derechos a la verdad, justicia, reparación y no repetición. 

Pedimos al Consejo de Seguridad de Naciones que inste a la Corte Penal Internacional a establecer un monitoreo permanente de la situación colombiana y, en especial, de los asesinatos de líderes sociales y de las masacres que se presentan en los territorios. 

Resaltamos la necesidad de ampliación del mandato de la misión de verificación, que le permita efectuar un monitoreo del cumplimiento de las sanciones que impondrá la JEP a todos los comparecientes.

Hacemos un llamado al Gobierno nacional para que se comprometa con la implementación integral del Acuerdo y la asignación de los recursos presupuestales necesarios para lograrlo. 

Instamos a los colombianos y a las colombianas para que renovemos nuestro compromiso con la verdad, el perdón, la reconciliación, la democracia y la paz que se abren paso en cumplimiento del acuerdo, más allá de la confrontación política. 

Solicitamos a la comunidad internacional que mantenga su vigoroso y decisivo respaldo al pueblo colombiano en su empeño de superar en forma definitiva la guerra que ha generado tanto dolor y víctimas en nuestro país.

Cientos de líderes y lideresas sociales y 229 antiguos combatientes que dejaron sus armas y se comprometieron fueron asesinados. Hoy en esta Cumbre les rendimos un sentido homenaje.

Seguiremos movilizándonos para exigir respeto a la vida de quienes construyen la paz en nuestro país e implementación integral de lo pactado. La Defensa de la Paz hoy en Colombia representa la defensa de la vida, la defensa de la democracia y del Estado Social de Derecho.