En este país resulta ser pan de cada día que cuando se pretenden hacer balances sobre determinadas situaciones que afectan de manera notoria a la población en general, nos encontramos con estadísticas que nos revelan incrementos aterradores de situaciones, cuando la verdad es, que de haber actuado a tiempo, hubiera sido posible proceder de manera efectiva.

Hace apenas un par de semanas nos informaban del incremento en el país de la delincuencia común, aquella que opera en las ciudades a través de atracos a las personas y también a las viviendas.

Después se nos dice que el microtráfico también ha crecido y que los entornos a los colegios, universidades y centros comerciales se han convertido en escenarios de  
distribución, haciendo que los jóvenes estén permanentemente asediados por todos aquellos delincuentes que quieren convertir a las nuevas generaciones en potenciales consumidores de droga.

También se nos ha informado del incremento de bandas que trafican con menores de edad con fines sexuales y del incremento de delitos a través de las redes sociales en las modalidades de estafa, agresión y extorsión.

Y pasa con otros delitos, como tráfico de tierras, captación ilegal de dineros, publicidad engañosa y un largo etcétera.

El escenario que acostumbramos observar casi siempre es el mismo: cuando el escándalo aflora por la intensidad de los hechos irregulares que se perciben, entonces es cuando se dan cuenta que hay que tomar medidas urgentes y extraordinarias; y tan pronto se aplaca un poco el ruido, otra vez se abandonan las medidas y el control termina desapareciendo.

Lo vimos en el caso de los llamados “paseos millonarios” en donde la gente pedía a gritos acciones urgentes para atacar el flagelo y muy poco se hacía.

Tuvo que ocurrir un siniestro en cabeza de un diplomático de los Estados Unidos, quien murió en el atentado, para que la autoridad desplegara todo su operativo y lograra capturar las principales bandas que se dedicaban a ese terrible flagelo.

En cualquier escenario lo que no se mide constantemente, no es posible controlarlo; por eso es que la autoridad tiene que imponer acciones permanentes y contundentes, si es que quiere mantener a raya el delito. Esto no puede ser un día sí, y un año no. Y el que no cumpla con unos estándares y unas metas concretas, pues que sea separado de la responsabilidad asignada.