Esta semana se  generalizó la sensación de un país en crisis. La decisión de la JEP de aplicar a Jesús Santrich la garantía de no extradición prevista en los acuerdos de paz y la posterior renuncia del Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez,  provocaron la percepción de un profundo desbarajuste institucional. Inmediatamente, como se nos ha convertido en costumbre, surgieron las propuestas y especulaciones de la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, el decreto de la conmoción interior, la derogatoria del acto legislativo que  creó el sistema de verdad, justicia, reparación y no repetición y hasta la revocatoria del Congreso. Mentes calientes, ideas alocadas e  irresponsables que surgen ante el clima de incertidumbre y caos que se ha generado, que muchos colombianos creyeron que se presentaría en caso de elegir al izquierdista  Gustavo Petro y, que por esas paradojas  de la política, las vivimos apenas a un poco más de 9 meses del gobierno de derecha de Iván Duque.    

El problema de fondo, más allá de estos episodios coyunturales, es  que el gobierno de Duque se encuentra  secuestrado   por el ala radical de su partido que a su vez está atrapado en el pasado, sin ninguna visión de futuro para Colombia. Mientras se dedican diariamente a explorar fórmulas y tomar acciones para hacer realidad su promesa de hacer trizas la paz, se deterioran las condiciones de seguridad en el país, suben las cifras de desempleo, la economía crece a tasas por debajo de las esperadas, los asesinatos de líderes sociales no paran y el pesimismo de los colombianos sobre su futuro aumenta. El gobierno se mueve al vaivén de las obsesiones del jefe del Centro Democrático de tumbar a Maduro y regresar a una confrontación armada. Pareciera que su supervivencia política dependiera de contar con un enemigo al frente. Bien sea interno o externo. Ahora tienen los dos. 

Los episodios de esta semana tienen solución. El  problema de fondo es que el jefe de estado no entiende que debe gobernar para todos los colombianos y no para satisfacer el sentimiento de odio y venganza de sus copartidarios mas incendiarios y su nostalgia por el pasado. Quieren regresar a Colombia al año 2002 y no se percatan que este país cambio afortunadamente. Ya vimos la penalización de la dosis mínima, la justificación del porte legal de armas a particulares, la narcotización de las relaciones bilaterales con USA,  los enfrentamientos con la justicia. Y este fin de semana tristemente, por cuenta del New York Times, el retorno de políticas públicas al interior de nuestras fuerzas militares que nos llevaron hace más de 10 años a la horrorosa y macabra época de los falsos positivos que aún hoy lloramos. Nos quieren devolver en el tiempo, no hay duda. Prefieren el odio al amor, la venganza a la reconciliación, el pasado al futuro. 

Colombia no tiene hoy una crisis institucional sino un gobierno sin rumbo que perdió la oportunidad de unir a los colombianos en torno a la consolidación de una paz estable y duradera. La decisión de la JEP sobre la extradición de Santrich no está en firme y la sala de apelaciones de este Tribunal,  conformada por juristas intachables, deberá revisarla para confirmarla o revocarla en un procedimiento contemplado en nuestra normatividad. El vacio en la dirección de la Fiscalía General de la Nación se llenará con un proceso reglado en la constitución y en la ley que debe comenzar con el envío de una terna por parte del Presidente a la Corte Suprema de Justicia. Luego no existe la crisis institucional que algunos se inventan en sus cabezas para justificar brincarse la constitución  y afectar la separación de poderes desafiando las decisiones del Congreso de la República y de la justicia. 

La “crisis” de esta semana se resolverá entonces,  pero si el gobierno no cambia el rumbo el país seguirá estacionado en el pasado sin una visión de futuro. Continuaremos  en los debates interminables de la paz después del desarme de más de 10.000 integrantes de las FARC, en lugar de concentrarnos en resolver los problemas de inequidad social, de seguridad urbana y sostenibilidad ambiental que nos afectan. La gran y absurda paradoja que vivimos es que los guerrilleros de las FARC firmaron un acuerdo de paz para respetar  al estado y sus instituciones después de 53 años de violencia cruel e injustificada,  y ahora desde el propio gobierno y su partido se escuchan voces aterradoras que llaman a desconocer esas instituciones a las que finamente  logramos que la guerrilla se sometiera  tras el acuerdo.  Una actitud francamente incendiaria e irresponsable frente a la que aún no sabemos cuál es la posición del Presidente  Duque.