Y ya sabemos que es una verdad de Perogrullo. A lo largo de estos veintitantos años, desde el momento en que el gobierno neoliberal de César Gaviria impulsó una reforma a la salud, a través de la ley 100 de 1993, cuya ponencia estuvo a cargo del señor Álvaro Uribe Vélez, debido a la corrupción y al mal servicio prestado por el Seguro Social y los hospitales públicos, el servicio pasó principalmente a las Entidades Promotoras de Salud (EPS) y a las Instituciones Prestadoras de Servicios(IPS) de carácter privado, públicas y mixtas, continuando y si, digo, empeorando el servicio y sofisticando la corrupción, por no existir poder humano que le meta los dientes para solucionar el endémico problema en el sector de la salud.
Según Jaime Arias, expresidente de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (ACEMI), en 1994 comenzaron a operar 6 EPS, y como se avizoró como lucrativo negocio, muy pronto, empresarios ambiciosos, unidos con políticos tradicionales que directamente o a través de terceros, crearon más de cuatro decenas de estas empresas.
Se han liquidado más de veinte EPS en lo corrido de estos 25 años, dejando en el limbo a millones de usuarios que trasladados a otras EPS ven suspendidos sus tratamientos y sus medicamentos, amén de una precaria atención del servicio, sometidos a colas interminables, además de una estela de acreencias billonarias impagables, a trabajadores administrativos y de la salud, proveedores, clínicas y hospitales, sencillamente por cuanto los activos de estas empresas no alcanzan a cubrir los pasivos generados en unas administraciones ineficientes, despilfarradoras de los recursos públicos, no exentas de toda clase de artimañas, llamada corruptela.
La Superintendencia Nacional de Salud, cumpliendo las funciones de inspección, vigilancia y control, entre comillas, una vez detectados los indicadores de riesgo en las EPS, les dan unos márgenes de tiempo que en unos casos van hasta los cuatro años, para que estas empresas mejoren sus indicadores, pero lo que sucede en la realidad, como ha quedado demostrado, es que dichas empresas utilizan ese tiempo, no para su mejora, sino para chupar aún más el poquito capital contable positivo. Se me parece y para hacer un parangón con la famosa película de la estrategia del caracol, las empresas liquidadas en su intervención, le entregan al liquidador solo el cascarón, quedando, como lo dije anteriormente, una cantidad de damnificados, con la complacencia del organismo de control, incapaz de meterle muela a los poderosos que se hicieron al manejo de la salud en Colombia.
Actualmente, como si fuera poco, según la Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado y Hospitales Públicos (Acesi) anunció que para el 2022 están en riesgo de ser liquidadas 17 EPS repitiéndose las “jugaditas” de Ernesto Macías, del tiempo, o compás de espera, para que las susodichas empresas nos reiteren la película “la estrategia del caracol”
En mi opinión, reforma a la salud no se justifica, después de la ley 100 se han expedido más leyes, decretos, resoluciones, circulares y jurisprudencia hasta para amarrarse los cordones de los zapatos, lo que se requiere es voluntad política para aplicar las normas, una Super que de verdad vigile y proceda con prontitud, no como actualmente está sucediendo, dando plazos para que los corruptos hagan de las suyas.
