Mucha tinta ha corrido estos días respecto a una incómoda situación de un alto dignatario de la Corte Constitucional, que salpica y enloda la imagen de la justicia, en relación a los funcionarios y empleados vinculados a la misma.

En efecto, la idea de recibir dineros en la Corte Constitucional, resquebrajó los cimientos de la justicia y hace sentir mal a quienes administramos la misma, por cuanto, una situación no implica que se generalice esa vivencia negativa en detrimento de los funcionarios probos, rectos y honestos que son la gran mayoría.

Así como no se puede generalizar los casos de falsos positivos del ejército, o algunas situaciones irregulares de personal activo de la policía o casos aislados pero que generan gran escándalo por pedofilia en la curia, son a  grosso modo, vivencias aisladas que no conllevan a estigmatizar a las demás personas de una misma entidad o congregación.

Lamentablemente esa mala imagen golpea duro al sector justicia, al punto que la propia Comisión  Interinstitucional ha pedido la renuncia de quien ostenta tan elevado cargo y ha sido implicado en esa situación particular.

Ciertamente, la justicia sufre por ser la más olvidada de las ramas del poder público, teniendo un presupuesto exiguo, conforme a las necesidades del país.

Es lamentable que no haya real independencia de los jueces, a tal punto que deben los encargados de administrar los dineros de la justicia, hacer lobby para poder conseguir dineros que en otro lugar del mundo son manejados directamente por la rama judicial.

Y jamás podrá ponerse al día la justicia pese a la implementación del sistema oral, dado que, si bien salieron en el pais en el año 2013, 1.300.000 sentencias no menos cierto e inquietante, es que se presentaron 4.000.000 millones de demandas y denuncias.

Cuando puede ponerse al día la rama judicial sino cuenta con la logística y presupuesto necesario para evacuar toda esa cantidad de negocios.

La cenicienta de la rama judicial debe pedir con el sombrerito los dineros para descongestión, cuando tiene una planta de personal estática por más de 25 años.

Y solo en este distrito judicial, mientras se fallan en el 2014, 62.513 negocios también se fallaron 22.658 tutelas en un año, lo que nuestra la necesidad de acudir a este mecanismo constitucional en defensa de los derechos de los ciudadanos ante la permanente vulneración de sus derechos.

Mucho se ha insistido en despolitizar la justicia, quitar los nombramientos o candidatos a entidades como contraloría, fiscal general de la nación y que se establezca un concurso de méritos que permita llegar a quienes superen los exámenes para las altas corporaciones.  

Son todas estas situaciones demostración de que sí debe haber un cambio en la estructura del país, pero conservando lo necesario para una adecuada administración de justicia sin politización de la misma y con verdadero sentido de independencia.