Debo insistir en el tema y no quiero ser reiterativo frente a los problemas que aquejan a la ciudadanía, pero no puedo cerrar los ojos ante las decenas de correos y trinos que recibo semanalmente sobre la sensación de inseguridad en las principales ciudades del país, al punto que el temor se está incrementando cuando hay que transitar las calles o abordar un transporte público.

No quiero ser apocalíptico ni hacer una campaña de terror, pero si llamar la atención de las autoridades para que se adopten acciones contundentes contra la delincuencia y teniendo en cuenta que estamos cercanos a un cambio de administración, que el nuevo gobierno adopte una verdadera política criminal, esa que tanto extraña el país.

Ya no es un caso aislado ver atracos en los vehículos de servicio público, incluso estos actos dejaron de ser incursiones exclusivamente nocturnas, a plena luz del día también se están presentando asaltos de bandas que intimidan a los pasajeros de los buses para quitarles sus pertenencias.  

Por citar un ejemplo, en el 2017 se presentaron 10.870 homicidios, la mayoría de ellos, 5.950, fueron cometidos en vía pública, según estadísticas entregadas por el Instituto de Medicina Legal. Se requiere actuar con un plan estratégico para fortalecer la Policía Nacional, desde la misma incorporación del personal con una selección rigurosa de los nuevos uniformados a quiénes además de las evaluaciones médicas y de conocimientos, debe examinarse detenidamente el perfil sicológico para evitar personas con tendencia al abuso, además de ofrecer una buena capacitación ética para combatir la corrupción de la cual esa institución no es ajena.

Aunque una política de seguridad debe cobijar a todo el territorio nacional, hay regiones que llaman la atención por sus altos índices de criminalidad y allí la Fuerza Pública debe desarrollar un trabajo más dedicado. Solo por citar unos casos, de los 10.870 homicidios reportados por Medicina Legal el año anterior, 2.262 fueron cometidos en el departamento del Valle del Cauca, 1.802 en Antioquia, 1.150 en Bogotá, 570 en Atlántico, 506 en Norte de Santander y 228 en Santander.

Es claro que una verdadera política criminal tiene que estar acompañada por la judicialización efectiva de las personas que sean capturadas, para evitar casos tan recurrentes de actos ilegales cometidos por personas que reinciden en los delitos, porque son liberados horas después de ser aprehendidos, decisiones que en su gran mayoría no son atribuibles a los jueces pues ellos responden a una normatividad jurídica de la cual no son los autores.

En este siglo XXI, en el que la tecnología está jalonando todos los sectores productivos, la seguridad no puede apartarse de esa realidad, por eso la Fuerza Pública está en mora de incorporar mayor tecnología para combatir el delito y de paso, obtener los medios probatorios suficientes para la judicialización de los procesados.

Drones que presten vigilancia las 24 horas del día, incremento de cámaras en todas las localidades, seguimiento satelital, son herramientas utilizadas por instituciones de países organizados y ante la situación especial de sensación de inseguridad por la que atravesamos, es momento de implementar estos mecanismos que solo traerán beneficio en la búsqueda de ciudades más tranquilas.

Tenemos que hacer eco en exigir a nuestras autoridades mayores gestiones en ese sentido y a la vez asumir el compromiso de ser solidarios, de denunciar cualquier irregularidad de la que seamos testigos, porque no podemos quedarnos inermes mientras la delincuencia se apodera de las calles.