Afortunadamente no solo para la justicia, sino para un país democrático, la Corte Constitucional tumbó el Acto Legislativo del 02 de julio del año pasado, que se traducía en la pérdida de la autonomía e independencia de la justicia, léase Rama Judicial.
Lamentablemente, el gobierno fue ajeno a las críticas abiertas que se hacían a ese Adefesio Jurídico, que eliminaba de un tajo uno de los poderes que deben coexistir en cualquier país que goce de libertades democráticas y tenga como principio fundamental el respeto e independencia de los órganos rectores de una nación civilizada y respetuosa de los derechos de los ciudadanos.
En efecto, se le quitaba a la cenicienta de las tres ramas del poder público, léase justicia, la dignidad de la misma, su independencia y autonomía, al conformarse el denominado Consejo de Gobierno Judicial, que remplazaría el Consejo Superior de la Judicatura.
Sería un organismo político, con tres personas ajenas al derecho, que serían los que trabajarían de planta proyectando la administración de justicia, sus reformas, análisis, bajo el mando de un Gerente General, con un poder omnímodo, para administrar los recursos de la Rama Judicial.
Tendrían asiento en ese Consejo, los Presidentes de las Altas Cortes, o sea, la Constitucional, la Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, así como un representante nacional de Jueces y Magistrados y uno de los Empleados.
Las voces de protesta en los debates no fueron tenidas en cuenta por los legisladores, pese a que se menguaba sustancialmente la independencia judicial, que quedaba bajo la dependencia del Poder Legislativo y el Ejecutivo, con lo cual, por simple lógica, implicaría descarada intromisión política en las decisiones de la justicia, que tampoco posee independencia presupuestal ya que está sujeta a los avatares del Ministerio de Hacienda.
En Cúcuta, realizamos foros en las Universidades Libre, Simón Bolívar, Udes, De Pamplona, así como en la Francisco de Paula Santander sobre estos tópicos..
No desconoce la Rama Judicial, la necesidad de una “Reforma sí pero no así” que fue uno de los slogans utilizados para pedir un referendo tendiente a tumbar ese acto legislativo.
Hoy se critica a la Corte Constitucional, por esta decisión, que revive la sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, que necesariamente debe someterse a un proceso de reingeniería, sin pasar por alto, que la designación de los aspirantes a esa dependencia depende del Congreso de la República, asunto que amerita revisión, para alejar la intromisión política de la judicial.
Y basta examinar el presupuesto de la Rama Judicial, para entender, que siendo tan exiguo no alcanza a definir políticas adecuadas ni el Consejo Superior de la Judicatura, ni cualquier otra entidad.
De allí, que hubiere sido contundente la respuesta de rechazo de los servidores de la justicia a ese fin plasmado en la figura del consejo de gobierno Judicial.
Y se requiere una reforma judicial, con representación de los dignatarios judiciales, a nivel nacional, para adoptar una reforma seria, que permita darle luz propia a esa función social de tanta trascendencia dentro del desarrollo de cualquier nación, con altura jurídica, con análisis meticuloso de las fallas estructurales de la misma, para contar con las herramientas y mecanismos que realmente requiere para hacerla fuerte y sana, por ser la voz del pueblo.
Alto ha sido el número de jueces, magistrados y fiscales asesinados como consecuencia de la difícil labor que desarrollan.
Por ello, debemos entender, que sí es importante y se requiere contar con una justicia fortalecida, donde los funcionarios judiciales sean oídos, se les permita exponer las necesidades básicas de los administradores de justicia, pues es un hecho incontrovertible, que es necesario ese cambio judicial, pero, teniéndose en cuentas los representantes judiciales, que son los conocedores directos de la problemática de la justicia.
Conocido el fallo analizaremos detenidamente las consecuencias del mismo.
Guillermo Ramírez Dueñas
