En una reciente visita que hice al sur occidente del país, quedé altamente preocupado por las manifestaciones de líderes sociales que expresaron las dificultades por las que atraviesan en materia seguridad y las constantes amenazas que reciben, una situación que se creía superada con la firma de los acuerdos de paz y al contrario se incrementó durante los últimos meses. 

Dichas denuncias, dadas a conocer en terreno, tienen consonancia con los reportes entregados por entidades como la Organización de Naciones Unidas, que en su informe anual señaló que durante el último año fueron asesinados 11 defensores de derechos humanos en el departamento del Cauca, que después de Antioquia, con 13 homicidios, es el más afectado por esta problemática. 

El reporte de la ONU indica que en el 2017 se cometieron 121 crímenes contra líderes sociales, en su mayoría ocurridos en regiones históricamente afectadas por el conflicto armado. 

Las denuncias recibidas daban cuenta de las intimidaciones constantes por parte de la delincuencia organizada y el asedio en el que se encuentran, debido a que la presencia del Estado es deficiente. 

Al Cauca, como a otras regiones, ingresaron bandas criminales para copar espacios dejados por la guerrilla y la lucha por el control de las economías ilegales, tiene a la población en zozobra por el aumento de la violencia. 

La política de respeto por los derechos humanos debe ser uno de los temas a resaltar en la agenda del próximo presidente de la República, por los acuerdos internacionales suscritos en esa materia que hay que cumplirlos y lo más importante, por la Colombia rural y de algunas ciudades que está perdiendo la libertad para actuar, ante el temor infundido por los violentos. 

Los derechos humanos están ligados a la justicia, que requiere una reforma estructural que incluya la lucha frontal contra la corrupción y la reducción de los índices de impunidad, pero además se relaciona con la seguridad y protección al ciudadano, mejorando la presencia estatal en las zonas más golpeadas, con un acompañamiento integral que contenga proyectos de economía sostenible que permitan que quienes llegaron a la ilegalidad como único medio de supervivencia, como sucede con los campesinos que se dedican a los cultivos ilícitos, tengan una alternativa para lograr el sustento de sus familias. 

El fortalecimiento de las relaciones internacionales es fundamental para lograr ese objetivo, por el apoyo que se requiere de la comunidad mundial para menguar las desigualdades sociales, una política exterior que permita la verificación del cumplimiento de los protocolos en materia de derechos humanos y derecho internacional humanitario. 

No pueden existir comunidades olvidadas, los grupos criminales tienen que ser sometidos para evitar que nazcan Para-Estados como el que en su momento pretendieron conformar las Farc.