Se cumplieron esta semana cinco años de la finalización de las negociaciones del estado colombiano con la guerrilla de las Farc, que llevaron a la firma de un acuerdo de paz que permitió la desmovilización y el desarme de más de 13.000 excombatientes del grupo ilegal más antiguo y poderoso del país, que generó el más grande daño a los colombianos. Después vendría, en septiembre, la firma del acuerdo en Cartagena con la presencia de la comunidad internacional que aplaudía con |entusiasmo el logro de la Paz en Colombia, y una semana más tarde el infierno del plebiscito y el triunfo apretado de los opositores. 

Esta misma semana, el gobierno no tuvo opción distinta a la de promulgar el acto legislativo que contempla la creación de 16 curules transitorias en la Cámara de Representantes para las Víctimas del conflicto que viven en los 170 municipios PDETS. En forma democrática más de 6 millones de habitantes de esos territorios escogerán a sus voceros en el Congreso, en una medida de reparación política audaz que permitirá que líderes sociales de esas zonas, comunidades afros e indígenas, exijan la implementación del acuerdo de paz y luchen por las garantías de vida y protección para su gente, empezando por las víctimas de las Farc.

Es oportuno señalar, entonces, la importancia de avanzar en la implementación integral del acuerdo de paz y no estancarnos en las interminables discusiones sobre la JEP y las sanciones a los integrantes de las Farc y militares. Esa visión reduccionista del acuerdo es la que nos quieren imponer los opositores de la negociación política, para insistir en su insostenible tesis de la entrega del país a las Farc e impedir que nos concentremos en la necesidad de avanzar en las grandes transformaciones que contiene el acuerdo y que perturban a los defensores del statu quo hoy en el poder.

Los cinco años de vigencia del acuerdo de paz deben servirnos para renovar el compromiso de implementar el acuerdo para los ciudadanos, los campesinos que durante décadas han esperado una reforma integral del campo, los jóvenes que en las calles de todo el país exigen ampliar la democracia y garantizar espacios verdaderos y eficaces de participación, para garantizar a los habitantes de los 170 municipios más afectados por la guerra que se cumplan las inversiones acordadas con la participación de la propia comunidad. 

La importancia del acuerdo de paz con las Farc es que no se limitó como los anteriores a un intercambio de desmovilización y desarme por penas alternativas y reincorporación, sino que atacó las causas de la guerra para evitar la repetición de la violencia. La reforma política y electoral, el reconocimiento pleno de los derechos de las víctimas, el desarrollo rural y el nuevo enfoque en la lucha contra el narcotráfico, son el centro de un acuerdo transformador de la realidad en los territorios. Su solo cumplimiento hasta el año 2030, significaría un gran avance para el país en la lucha contra la inequidad, la pobreza y la violencia. 

Contra esa implementación es que están los sectores de la derecha de este país que no quieren que nada cambie. Los asustan las transformaciones y la pérdida de su poder en los territorios. Esas son sus verdaderas razones para rechazar el acuerdo de paz. Por eso buscan ahora, de nuevo, desviar el debate proponiendo amnistías generalizadas absurdas e inviables, que no aguantan un debate serio. Ellos saben que la legislación penal internacional, no permite esa vergüenza. Sin embargo, con el arranque de la campaña intentan convencer a los colombianos que el acuerdo de paz tenía que ver solo con Santos y 13.000 exguerrilleros y no como en la realidad es, un gran proyecto de transformación para los 50 millones de habitantes. Si en los ocho años de los dos próximos gobiernos avanzamos con decisión en la implementación integral del acuerdo de paz, seremos capaces de construir un país más equitativo, solidario y digno. De lo contrario, seguiremos en las mismas.