Es comprensible el llamado que hace unos días hizo el presidente Petro al ministro de Comercio para que tomara medidas que permitieran cerrar las trochas ilegales en la extensa frontera entre Colombia y Venezuela. Sin duda alguna el cierre de los pasos fronterizos legales hace 7 años, como consecuencia del grave deterioro de las relaciones bilaterales, disparó la apertura de estos caminos ilegales.

 La integración entre ambas naciones es tan fuerte que las decisiones que adoptan Bogotá y Caracas al final se quedan en el papel. Los pasos ilegales han existido siempre. El lío ahora es que las mafias criminales se apoderaron de ellos y son utilizados para toda clase de actividades delictivas, que van desde el tradicional contrabando hasta el tráfico de drogas, armas y personas, con la complicidad de autoridades de uno y otro lado. Para ellos la decisión política de Petro y Maduro fue una muy mala noticia.

Es claro entonces el mensaje del presidente colombiano, que seguramente transmitió en privado a su homólogo venezolano en Caracas. Sin embargo, con todas las buenas intenciones y propósitos que implica, no tendrá consecuencias inmediatas. Las trochas no se cerrarán la semana siguiente de la advertencia presidencial y el ministro Umaña, gran aliado de nuestra región en el Gobierno nacional, no tiene los instrumentos ni la posibilidad real de cumplir la orden presidencial.

Se necesitarán meses de trabajo intenso, la coordinación entre las fuerzas de seguridad, la apertura del puente de Tienditas, la autorización para el flujo vehicular en los puentes de San Antonio y Ureña y la dinamización de la integración fronteriza, con el propósito de que en forma paulatina la legalidad gane batallas contra la ilegalidad de las mafias que hicieron su agosto en los últimos 7 años y que pretenden preservar un dominio que les reporta ingresos millonarios.

El gran desafío entonces, es precisamente el que lanzó el Presidente Petro en la frontera hace unos días. Para alcanzarlo se requiere un compromiso real y efectivo de los gobiernos nacionales y regionales, de los empresarios y de las Fuerzas Militares y de Policía de ambos países. Las trochas no se cerrarán como por arte de magia. Hay que construir un plan serio, aumentar la presencia institucional en la frontera, no solo de las fuerzas de seguridad, sino de las autoridades de migración, aduanas y el sector privado, para que los estudiantes, las familias, los comerciantes y la ciudadanía en general del Norte de Santander y del Táchira, la Guajira y El Zulia, de Arauca y Apure, entiendan que cuentan con las garantías y facilidades para sus actividades en los pasos legales.

En fin, anunciar el restablecimiento de las relaciones y la apertura de las fronteras fue la tarea más fácil. Sólo se requería voluntad política y vamos bien en la creación de un clima distinto entre ambas naciones, de recuperación de confianza y de diálogo que es esencial para superar los numerosos problemas que surgen cada día. La cumbre Maduro-Petro es un paso adelante en ese propósito y una buena noticia para la frontera. El anuncio de un gran evento empresarial el próximo mes de diciembre, convocado por ambos gobiernos y la CAF, es también una iniciativa que nos debe llenar de optimismo sobre las posibilidades de reactivación económica en esta frontera en el 2023.

Sin embargo, es prioritario para lograr los objetivos que esperamos que los dos gobiernos de manera conjunta logren desarticular a las mafias criminales y sus cómplices institucionales. El reto que impuso Petro desde Cúcuta es para la totalidad de los dos gobiernos, no para un funcionario. Obviamente no podría solo el Ministro Umaña cumplir la instrucción. Debe ser entendido como la señal presidencial para todo su gobierno y el del vecino de priorizar la lucha contra las mafias. A ambas naciones les conviene rescatar la frontera,  con lo que ello significa para la estabilidad de ambos lados. Si no acabamos esas mafias no será posible cerrar las trochas y no lograremos entonces avanzar en el desarrollo fronterizo.