En materia de economía es tarea de titanes encontrar algo positivo en estos cien días. Aunque se aplaude a Ocampo, la verdad es que se ha venido de manera injusta contra el sector empresarial, a quien acusa de “generar pánico” y “es esa alarma la que está generando poca credibilidad en el gobierno”. No es cierto. La ausencia de credibilidad es resultado de las contradicciones entre el gabinete y Petro, y de los mensajes equivocados que han enviado al mercado. 

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Para rematar, desde Casa de Nariño y el MinHacienda han pretendido descabezar los dirigentes gremiales que los incomodan. Ojalá esa actitud, de maloliente tufo autoritario, no se extienda hacia el futuro.

Ocampo, además, nos clavó una tributaria descomunal, la más gravosa de la historia, y muy inoportuna, con un panorama de inflación global y nacional disparadas, y una probable recesión mundial. La reforma no resuelve los problemas estructurales de la tributación, agrava el problema de centrar el recaudo en la renta de las empresas, desincentiva la inversión, castiga a los más vulnerables y fuertemente a los tenderos, alimentará aún más la inflación, frena la construcción, y crea cargas fiscales que matan la gallina de los huevos de oro, el sector petrolero y minero. 

Para rematar, todavía no dicen en qué se usarán esos 20 billones anuales, excepto que anuncian que serán para “gasto social”. Es decir, no se destinarán a cerrar el déficit fiscal sino a crecer aún más la ya excesiva red asistencial del Estado. En esto Petro es solo el más renombrado exponente de un mal que aqueja a todos los gobiernos, el de suponer que hace bien el Estado al aumentar el número de ciudadanos que dependen de su ayuda.

Es al revés: que más ciudadanos necesiten asistencias y subsidios es solo la prueba del fracaso de un Estado. Algún mal pensado dirá que es la lógica política del empobrecimiento, en algún momento esbozada por Chávez y por el mismo Petro: que los ricos se vayan y la clase media disminuya y los pobres sean más y dependan de una maquinaria burocrática que ellos controlan. 

Lo cierto es que el presupuesto del 2023 crece un 15,1% en relación a este año, en especial en gastos de funcionamiento, y no se hace ningún esfuerzo estructural de ahorro y austeridad. Y Ocampo no ha sido capaz de conseguir que el Gobierno anuncie que sí habrá nuevos contratos de exploración y explotación de petróleo, indispensables para tener las divisas que permitan el pago de la deuda externa y la financiación del gasto público. Por eso el peso se devalúa aceleradamente, a hoy un 23%, y el costo de la deuda colombiana está disparado. Sin contar los intereses mucho más altos que ahora estamos pagando por el mayor riesgo país, la devaluación hace que la deuda pública externa nos cueste 90,5 billones de pesos más, cuatro y media veces la tributaria.

Un comentario rápido sobre el sector petrolero, que será objeto de otra columna. Sin contar el efecto de que este jueves pasado haya sido excluida del índice MSCI, la acción de Ecopetrol había caído un 45% desde la elección de Petro. 90 billones más perdidos. Debería ser un escándalo pero, quizás porque los periodistas y los ciudadanos de a pie no entienden el problema, no pasa nada. 

En fin, el resultado es que más temprano que tarde la economía, que venía disparada y con el mejor comportamiento entre todas las de la región, se va a pegar un frenón brutal y, como consecuencia, se dispararán el desempleo y la pobreza. El de Petro es un gobierno brutalmente empobrecedor.

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