Propender por ciudades sostenibles requiere integralidad y transversalidad de todos los actores políticos, económicos y sociales. No basta solo con reconocer una problemática para poder construir soluciones a través de diferentes instrumentos y políticas públicas, sino también voluntad política de parte de los ciudadanos de exigir cambios estructurales en la cultura ambiental y apoyar aquellas propuestas de los diferentes candidatos de elección popular que tomen en serio el tema ambiental, en especial el relacionado con la calidad del aire.
Cúcuta y su área metropolitana están en mora de construir políticas públicas robustas para mejorar los índices de contaminación del aire. No es suficiente con que Corponor haga mediciones esporádicas sin seguimiento y estrategias serias; ni tampoco con el pico y placa los viernes santos como se volvió costumbre en esta administración. Se requieren verdaderas acciones encaminadas desde distintos frentes a frenar la contaminación y así lograr a 30 años metas claras respecto a los índices actuales de emisiones de fuentes contaminantes.
Es importante decir que la contaminación puede darse por fuentes naturales, como los volcanes; por fuentes humanas, como las emisiones de los vehículos e industrias que funcionan para satisfacer la demanda de población urbana creciente que para el año 2050, se estima superará en Colombia los 52 millones de habitantes según el DNP. En el país, la contaminación del aire es mayor en las principales ciudades, por decir un ejemplo el caso más emblemático es Bogotá, donde el aporte de los vehículos a las emisiones es del 78 %; en Medellín es del 81 %; y en el caso de Cúcuta se calcula por encima del 75 % (DNP).
Debe reconocerse los avances que se han venido dando ya no solo desde una óptica normativa desde el ámbito internacional y nacional, sino también desde el punto de vista de acciones concretas para lograr resultados y mayor compromiso de parte de todas las entidades involucradas. En ese entendido, debe resaltarse el documento CONPES No. 3943 del 31 de julio de 2018, expedido por el Consejo Nacional de Política Económica y Social, el cual establece como objetivo primordial el mejoramiento de la calidad del aire, de tal forma que se proteja la salud y el ambiente.
Esta política se diferencia de las anteriores en la coordinación y compromiso de diferentes entidades del gobierno nacional que influyen en la problemática; en la inclusión de nuevas estrategias enfocadas en la prevención, reducción y control de emisiones contaminantes; y en que su enfoque es más técnico que normativo.
Este documento toma estrategias y recomendaciones comprobadas en el orden internacional que han logrado mejorar la calidad del aire en muchas ciudades del mundo con instrumentos que establecen límites sobre las emisiones de contaminantes que provienen de vehículos e industrias a través de la planificación urbana que debe considerar la calidad del aire dentro del ordenamiento territorial, tal como lo recomienda la OMS; el uso eficiente y mejora en la calidad de los combustibles; el uso de tecnologías más eficientes en los procesos productivos y en los vehículos como lo establece la UE. Lo anterior también complementado con planes de movilidad urbana orientados a la reducción de contaminantes (incentivos al uso de la bicicleta, transporte público con energías renovables, etc.).
Finalmente, debe resaltarse que en días recientes el Congreso aprobó la Ley de calidad del aire cuyo objeto es consolidar y cumplir las metas contempladas en el documento CONPES No. 3943 de 2018 atrás mencionado, contribuir con una movilidad sostenible, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y así combatir los efectos del cambio climático. Cúcuta no puede desaprovechar la oportunidad con la eventual discusión y aprobación del nuevo POT para poner este tema como parte del eje ambiental para los próximos 12 años.
