El Código Penal establece que hay ausencia de responsabilidad cuando una persona “obre por la necesidad de defender un derecho propio o ajeno contra injusta agresión actual o inminente”. Dentro de ese marco se encuentra el caso del escolta que defendiendo una ciudadana que estaba siendo atacada en Bogotá, dio muerte a uno de los asaltantes, hecho que generó críticas descalificando esa reacción que más bien fue heroica, porque ante la indefensión en la que estamos actualmente, son pocos los que intervienen para proteger a quien está siendo víctima de los delincuentes.
Estamos secuestrados en nuestras propias ciudades. Se está sembrando un ambiente de temor y no vemos la reacción por parte de las autoridades. Quienes deben dirigir las políticas locales de seguridad, no se percatan de la gravedad del asunto. ¿Dónde están los alcaldes y gobernadores declarando una guerra frontal contra la delincuencia?
El problema radica en que no hay una política criminal clara y los males estructurales se solucionan con medidas que no tienen el sustento de investigaciones serias, como las normas que llevaron a excarcelaciones masivas desde mediados de 2017, lo que incrementó el número de delincuencia en las calles.
He sido partidario de que los problemas sociales no se pueden solucionar con el derecho penal, por eso la cárcel no debe ser el único destino para remediar los males de la sociedad, pero siempre y cuando esas medidas extramurales se apliquen a quienes cumplan ciertos requisitos, que no representen un peligro, no otorgando beneficios de manera objetiva.
Aunado a eso la Fuerza Pública es insuficiente para brindar seguridad, el número de efectivos en las principales ciudades del país no alcanza el estándar internacional, por eso urge un incremento de uniformados destinados para la defensa ciudadana.
En el año 2017 se registraron 10.870 muertes violentas, 113.470 personas heridas por violencia interpersonal, 23.418 agresiones sexuales y 76.785 actos de violencia intrafamiliar; cifras que son alarmantes y reflejan que no somos un país pacífico, más si tenemos en cuenta que dentro de estas estadísticas no se incluyen las víctimas por cuenta del conflicto con la guerrilla.
Se requiere incrementar el pie de fuerza y dotar a los organismos de control de los equipos necesarios para mantener el orden, de lo contrario la ciudadanía despertará para buscar la seguridad por su propia mano. Los tratadistas de derecho penal coinciden que el instinto de conservación lleva a tomar acciones para proteger la integridad y esa situación está enmarcada dentro de la legítima defensa porque toda persona tiene derecho a salvaguardar su vida y bienes, pero además la integridad de los demás, por eso son válidas las reacciones para defender a un transeúnte que está a merced de la delincuencia.
Ya se han hecho muchas promesas frente a la seguridad, el temor es el mejor argumento para buscar réditos en campañas políticas con miras a las jornadas electorales que se avecinan; es hora de pasar de la retórica a los hechos, es hora de resultados, porque mientras el sector político se encierra en contiendas y debates insulsos, las calles se llenan de delincuentes que someten al ciudadano indefenso.
@WilsonRuizO
