La intervención de Petro en la ONU fue un estriptis, un desnudo de sus convicciones más íntimas.

Se basa en el prejuicio de que la guerra contra las drogas fracasó y que es la lucha contra el narcotráfico la que explica la violencia en nuestro país. Hasta el 2013, antes de la firma del componente de narcotráfico con las Farc, veníamos ganándola. Habíamos disminuido un 65% los narcocultivos en relación con la primera medición de la ONU en 2001. Con menos producción de coca y menos cocaína, los grupos vinculados al narcotráfico recibieron muchos menos ingresos.

La disminución de sus finanzas afectó su logística, los nuevos reclutamientos, la compra de armas, su capacidad de combate. En paralelo, el Plan Colombia, diseñado para atacar el narcotráfico, supuso un fortalecimiento sustantivo de la Fuerza Pública.

La lucha contra el narcotráfico empezó a traducirse en menos, no más, violencia. La tasa de homicidios, que en 1991, en plena ofensiva del narcoterrorismo, alcanzó los 79 por cien mil habitantes, empezó a disminuir de manera aguda y sistemática. Para 2015, antes de la firma del pacto de Santos con las Farc, había caído a 24 por cien mil. A menos narcotráfico y menor capacidad de combate de los grupos vinculados al narco, menos violencia homicida.  

Lo fracasado es el nuevo enfoque pactado con las Farc. Y fue ese desastre el que frenó la disminución de los asesinatos. La tasa de homicidios vuelve a aumentar. El año pasado fue de 27 por cien mil, tres puntos más que en 2015.

A falta de autocrítica y, por supuesto, frente a la negación absoluta a considerar los argumentos de quienes advertimos los problemas de lo pactado, el camino de Santos, y ahora de Petro, es sostener que “fracasó la guerra contra el narcotráfico”.

Con esa excusa, Petro hace afirmaciones y toma decisiones que solo contribuyen a ahondar el problema. Contra el hecho de que sus cómplices ya aceptaron su responsabilidad en los Estados Unidos, afirma que lo de Márquez y Santrich fue un entrampamiento. Contra la evidencia de que la extradición ha sido fundamental contra los narcos, pretende renegociarla. Contra el hecho cierto de que sin el glifosato, o la amenaza de su uso, la erradicación efectiva es imposible, anuncia que no se volverá a usar jamás.

Lo peor es el planteamiento de la “paz total”, con negociaciones paralelas, acuerdos parciales de aplicación inmediata y cese al fuego multilateral, que solo benefician a las organizaciones criminales porque paralizan a la Fuerza Pública mientras que los bandidos siguen delinquiendo siempre que eviten enfrentarse a militares y policías” y porque obtendrán los beneficios de lo que vayan pactando sin desmovilizarse ni desarmarse. 

El Gobierno, al final, termina arrodillado a los mafiosos. Porque hoy todos, incluso las disidencias y reincidencias y los elenos, son mafiosos. Ahora, para rematar, les ofrece que se queden con parte de sus bienes, en una operación gigantesca de lavado de activos, y que no paguen o paguen penas mínimas por sus innumerables y terribles crímenes. Es previsible lo que pasará: los viejos criminales se jubilarán y se producirá un reciclaje en las organizaciones mafiosas y sus liderazgos. Con el narco a toda máquina y la Fuerza Pública debilitada, desmoralizada y paralizada, más homicidios y más inseguridad.

La duda es si la claudicación de Petro frente los narcos es genuina o pactada. Su pasado y los acuerdos en la cárceles en la campaña extienden una sombra terrible que se confirma con las acciones de gobierno. Una certeza sí hay: caminamos aceleradamente a la narcocracia.