La permisividad de actos en contravía de la legalidad, del bien común y de la ética  no pueden tener buen recibo, sean quienes sean sus protagonistas.

La situación económica y social que atraviesa Cúcuta y sobre todo su clase empresarial  es de las más negativas en los últimos años. Lo curioso de todo es que en un contexto donde vivimos de acuerdo a la lógica del mercado, a la libre empresa y libertad económica regulada, la suerte de los empresarios impacta siempre de manera más fuerte a la clase trabajadora.

Si al empresario le va bien, al trabajador por lo general le va bien; pero si al empresario le va mal al trabajador le va peor.

Lo anterior se evidencia en el último panorama económico que presentó el observatorio económico de la Cámara de Comercio de Cúcuta donde se analizan varios indicadores como inflación, desempleo, informalidad, tasas de cambio y crecimiento económico, con el fin de conocer el avance económico en 2015 y plantear expectativas para el 2016.

Los resultados en general muestran la dura situación económica que ha sufrido la ciudad desde el cierre de la frontera por parte de Venezuela.

Algunos sectores como hotelería y turismo, agroindustria, carbón, agencias de cambio y transporte se encuentran afectados de forma dramática y directa por dicho cierre.

Ello también es corroborado por los distintos gremios económicos de la región como Cotelco, Acodres, Camacol, Fenalco, entre otros, los cuales han enviado un mensaje de alerta a las administraciones municipal, departamental y nacional, para que se adopten las medidas tributarias, financieras y administrativas pertinentes para proteger a los empresarios y así al escaso empleo formal que tiene nuestra ciudad.

Y es que proteger la empresa no es un capricho de ningún industrial, comerciante o político.

Es una necesidad vital para el desarrollo social y económico de cualquier ciudad, departamento y país.

Lo establece nuestra Constitución por lo que es un mandato imperativo para todas las autoridades hacer lo que esté en sus competencias para proteger y promocionar la empresa y las libertades económicas en aras de que el Estado y sus entes territoriales puedan percibir tributos, redistribuir los recursos y llevar gasto público social a los distintos sectores sociales vulnerables.

Con ese panorama complejo nos recibe el año 2016 en Cúcuta. Por eso es tan importante para la nueva administración mostrar de entrada esa faceta amigable frente a los empresarios cucuteños y así lo está haciendo con el proyecto de acuerdo de incentivos tributarios que presentó al Concejo municipal y que dicha Corporación aprobó de forma deliberada.

La administración municipal ha mostrado una clara preocupación por la suerte del empleo formal por lo que ha venido realizando reuniones con los distintos gremios económicos tomando atenta nota de las propuestas y necesidades de los empresarios.

Así las cosas, se ha aprobado el proyecto de acuerdo 003 de 2016 donde se conceden descuentos por pronto pago en el impuesto predial por un 20% hasta el 31 de marzo de 2016; y en industria y comercio por un 15% hasta el 31 de marzo de 2016.

No fue posible lograr mayores descuentos por cuanto el municipio de acuerdo al plan de desempeño debe cumplir con unas metas fiscales en recaudo que lo obligan a ser muy cauto en la concesión de incentivos tributarios. Sin embargo, la nueva administración arranca con pie derecho frente a la ciudad, los empresarios y sobre todo los trabajadores que son quienes a la postre pagan impuestos y permiten el recaudo fiscal para poder cumplir con los compromisos sociales de la ciudad.