Con las marchas del viernes pasado quedó clara la reprobación social al asesinato de las y los líderes sociales y comunales. Aún más, con el inequívoco mensaje es previsible y deseable que la reprobación se extienda a cualquier tipo de asesinato empezando por aquellos contra niños y adolescentes e incluya los de excombatientes.

De todos modos, la indiferencia frente a los asesinatos empezó a ser expulsada de la opinión pública y se incrementó la exigencia para que esos crímenes no queden impunes. En fin, la ocurrencia de asesinatos quedó convertida en uno de los mayores desafíos para el Estado y su capacidad de proteger la vida, honra y bienes de todos los colombianos. 

Ahora bien, tanto el Gobierno como la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y la Fuerza Pública, han adoptado medidas para enfrentar dicho desafío, pero estas no han sido suficientemente articuladas con instrumentos de política anteriores, derivados del acuerdo con las Farc. De cualquier manera, el punto a resaltar es que, aunque la escalada de crímenes ha disminuido, no se ha frenado. Es más, según la FIP en el primer semestre del 2019, comparado con el mismo período de año anterior, los homicidios contra líderes sociales y comunitarios disminuyeron un 16%, pero las amenazas aumentaron un 160% haciendo que el miedo se mantenga latente en los habitantes de los territorios donde han tenido lugar los crímenes. 

¿Cuál es uno de los mejores antídotos contra dicho miedo? Las medidas preventivas acompañadas por la confianza de la gente en que las distintas autoridades, empezando por las de la Fuerza Pública, se mantienen de verdad prestas a proteger sus vidas y recursos. Pero en los municipios más afectados por la violencia, la desconfianza hacia la Fuerza Pública es una realidad acumulada desde los años en que el conflicto armado con las Farc estuvo vigente. Y como esa desconfianza se mantiene, la información clave, aquella de donde deriva la inteligencia para dar con los autores materiales y especialmente los intelectuales, no fluye ni ágil ni adecuadamente. 

Así las cosas, para lograr el retorno de la confianza en el Estado en general y la Fuerza Pública en particular, se hace cada vez más necesario crear una Guardia Rural con dedicación exclusiva y permanente a los municipios rurales más azotados por la violencia. Dicha Guardia sería una especie de policía con estatuto militar con características operacionales versátiles y específicas- como la competencia de policía judicial- que la harían el tipo de organización más pertinente frente a los principales retos a la seguridad rural vigentes y previsibles. Retos que no han sido satisfactoriamente enfrentados ni por la Policía por defecto, ni por el Ejército por exceso. Y esto porque además de la desconfianza de la gente antes descrita, las organizaciones delincuenciales poseen armamento letal y ejercen un relativo control sobre las poblaciones. 

Es más, la Guardia se puede crear sin erogaciones presupuestales considerables, mediante el desdoblamiento en personal y logística de cuadros y tropas del Ejército y la Policía, realizando una cuidadosa selección, reeducación y reentrenamiento que privilegie el concepto de seguridad humana. 

@CarlosAlfonsoVR