El pasado miércoles, la Corte Constitucional dictaminó que debe darse un cumplimiento de los Acuerdos de Paz como política de Estado, y no de gobierno como pretendían algunos, al menos durante los próximos 12 años, por lo que nadie, de izquierda ni derecha, puede decir que va a tumbar los acuerdos si llega a la Presidencia o que se va a echar para atrás todo el andamiaje legal y el conjunto normativo que se ha construido durante los últimos meses para hacer realidad lo pactado en La Habana.
Sin embargo, hay una persona que ha utilizado tantas artimañas y herramientas como ha sido posible para abusar del poder, que ya ha incumplido e incluso ha transformado lo establecido en la Constitución.
Sólo un desesperado por volver a la época de las dictaduras latinoamericanas haría un movimiento para desarticular todo lo que se ha articulado en materia normativa y de proyectos en torno a la paz. Lo que me lleva a pensar en otro tipo de desespero y preocupación que ya se siente en este momento: La de Vargas Lleras por ganar la contienda a la Presidencia de la República en 2018. Más allá de la distancia que ahora separa a la coalición de gobierno del líder natural (supuestamente desligado actualmente) de Cambio Radical, cabe preguntarse: ¿Qué tan desesperado hay que estar para aliarse con el también desesperado Álvaro Uribe y el CD?
La respuesta es sencilla: Más de lo que creemos. Sin embargo, en realidad no importa si se unen. Por más de que Vargas Lleras tenga fuertes oposiciones a algunos aspectos de los acuerdos de paz con las Farc, el Acto Legislativo de la Corte es claro. Con este se adicionó un artículo transitorio a la Constitución que resulta en una garantía de estabilidad y seguridad jurídica al acuerdo final para la terminación del conflicto. Así que, ni juntos ni separados (Uribe y Vargas Ll.) van a poder hacer trizas los acuerdos, como se destruyó el sistema de salud o se perjudicó a la mayoría de la población colombiana con la reducción de la remuneración y horas extra. Desde el 11 de octubre pasado, el acuerdo es una política de Estado tal y como lo son el Sisben o la Política de Atención a Población Víctima.
Otra cosa que tiene en común la pareja del momento es su aversión a la JEP. Tiene muchos errores y no es completa en su propósito, eso es cierto, pero es una herramienta necesaria para lograr justicia en este contexto de transitoriedad del conflicto a la paz. En lo que ninguno de sus opositores tiene razón es en que abre la puerta a la injusticia. Nunca será una injusticia llevar a la cárcel a un integrante de las Fuerzas Armadas que cometió delitos de lesa humanidad, así Christian Garcés y otros integrantes del CD piensen lo contrario.
A ellos les concedo que la JEP tiene vacíos que quedarán en la interpretación (esperamos objetiva) de los jueces de esta jurisdicción, como en el caso se las posibles reducciones de pena para quienes no tuvieron una ‘participación determinante’ en atrocidades a juzgar –ya que en ningún momento se define qué es y hasta qué punto existe participación determinante–. Lo que me preocupa de ella es que presenta el problema de convertirse en un elemento polarizador y en caballo electoral, en un momento donde físicamente no podríamos estar más divididos como colombianos.
Finalmente, la Jurisdicción Especial para la Paz es de modo alguno un premio para las Farc, este es un discurso falso y oportunista. Si esta alianza en gestación quiere tener éxito deberá escoger otros caminos retóricos para convencer a la ciudadanía de que son la mejor opción a la Presidencia, ya que, por más de que estén en contra de muchos aspectos de los acuerdos, tendrán que ser capaces de conservar las herramientas para construir una paz estable y duradera en Colombia, tal y como lo ordenó la Corte.
