Ahora que se ha iniciado en el Congreso el trámite de varios proyectos de ley, de diversos orígenes, para combatir la corrupción, bueno sería que se pensara en el diseño de un mecanismo de alertas tempranas, que entre a operar para todos los grandes contratos del Estado, de tal manera que sea posible advertir a tiempo cuando éstos comiencen a tomar rumbos insospechados e inciertos que conducen a desaparecer los presupuestos de la contratación.
Desde luego que no se puede regresar al viejo sistema de control previo que resultó ser no solo perturbador, sino mas corrupto que cualquier otro instrumento, sino de un mecanismo de acompañamiento que permita la vigilancia de entidades especializadas, como decir las sociedades de ingenieros o de arquitectos, así como de organizaciones cívicas y de representantes de ciudadanos afectados por una obra o contrato. Y por supuesto de entidades como la Procuraduría General de la Nación, de tal manera que esa vigilancia pueda señalar las alertas en cuanto a la idoneidad en la ejecución del contrato, la calidad de los materiales, la ejecución del presupuesto y los requerimientos específicos de lo pactado.
En este país cada vez que existe un gran contrato, no demoran en aparecer los escándalos que terminan evidenciando que las obras llegaron a costar dos o tres veces mas de lo estipulado, y en muchos casos llegan a suspenderse en la mitad del camino porque el presupuesto se agotó en esa etapa.
Lamentablemente casi nunca llegan a establecerse las responsabilidades concretas, lo que hace que muchas firmas o personas se conviertan en enormes contratadotes, utilizando para ese fin los dineros estatales, en donde aprenden a jugar con los dineros de uno y otro contrato, y de esta manera van desapareciendo los recursos.
Lo peor del asunto es que por mas que se mueva la justicia, si bien es cierto que en muchos casos se llegan a establecer responsabilidades, también lo es que las sumas de dinero esfumadas nunca llegan a recuperarse, convirtiéndose la escena en la afrenta mas horrible a los contribuyentes, a quienes se les exige el estricto cumplimiento en el pago de impuestos, sin existir nunca la garantía de su buena inversión y de la retribución que debe representar en obras y en servicios de buena calidad.
