Amables Lectores: existe una crítica situación en el fondo de estabilización de precios de los combustibles. Si no se implementan alzas en los precios de la gasolina o diésel, el déficit de este fondo llegaría a $37 billones de pesos en 2022 y $27.8 billones en 2023 y estos montos tendrían que ser asumidos con cargo al bolsillo del Presupuesto Nacional.
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Este subsidio a la gasolina y el diésel ha servido para proteger a los usuarios del alza en los precios de los combustibles que ha impactado las economías latinoamericanas y a las desarrolladas. Ejemplo de esto, la inflación en los Estados Unidos ha alcanzado su nivel más alto en 41 años y está sustentada por los precios en las estaciones de servicio. En Colombia los consumidores pagan unos $8 mil pesos menos por galón de gasolina que en los países de la región. Este fondo ha mitigado, según afirma el columnista Francisco Miranda, el alza en el índice de precios del consumidor (IPC) en Colombia.
Analizando estas cifras, el mantener estos subsidios se hace insostenible y por los tanto se debe tomar el camino de aumentos de precio en el combustible ya sea en forma de cuotas mensuales, como lo había planeado el gobierno anterior pero que nunca llevó a cabo. Esta es una decisión difícil que debe tomar muy pronto el gobierno actual porque golpeará tanto a los hogares como a la economía en general porque se aumentaría inmediatamente el costo del transporte terrestre y por lo tanto de las mercancías a transportar. Estos aumentos se notarán en los alimentos básicos produciendo todo tipo de efectos sobre las cifras de inflación.
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Se debe conjugar dos aspectos completos: La urgencia y necesidad fiscal de frenar la apertura de un mayor hueco en las finanzas públicas con las consecuencias que este freno traería en forma inmediata sobre la calidad de vida de los hogares, al elevar el precio de los combustibles entre $800 y $1.200 pesos por galón, en pocos meses.
Si simultáneamente a este parcial desmonte de subsidio con carga al bolsillo del contribuyente se aprueba una reforma tributaria aumentando en forma significativa las cargas fiscales tanto para las personas naturales como para las empresas esto frenaría el comportamiento positivo que tiene hoy la economía del país. El columnista Gustavo Cote Peña dijo que los funcionarios y congresistas encargados de aprobar esta tributaria deben tener en cuenta que no se pueden aprobar normas con carácter retroactivo ni impuestos confiscatorios.
Es necesario, según el columnista, el mantener separadas las rentas gravables pues estas tienen diferentes orígenes. Se garantiza que dejar de lado estas sugerencias, se expedirá una ley condenada a sufrir consecuencias de una decisión adversa de los jueces constitucionales.
Se necesita un ejercicio de equilibrio que pondrá a prueba la ponderación del Gobierno Nacional.
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