Frente a los problemas de inseguridad, es usual que las personas tengan de antemano una solución para erradicarlos o disminuirlos. El inconveniente es que, a pesar de las buenas intenciones, las soluciones suelen ser el producto de experiencias personales, de creencias sin demostración o de simples corazonadas, y solo en pocos casos responden a una decisión basada en estudios serios. Una muestra de esto son las diferentes voces que solicitan al gobierno dejar sin efecto el Decreto 2409 de 2019 que suspendió los permisos para portar armas de fuego en todo el país. Sus argumentos principales se podrían resumir así: las armas de fuego en las manos correctas pueden disminuir la delincuencia; portar armas de fuego ofrece seguridad a los ciudadanos en general; cuando el Estado no alcanza a proteger a los ciudadanos, armarse es la única solución para defenderse.

Estos tres argumentos pueden llegar a persuadir, pero si se estudia con detalle el problema, la solución y sus fundamentos, se podrá evidenciar que llevar armas de fuego no resuelve el fenómeno de inseguridad. Por el contrario, considero que hay buenos argumentos, soportados en evidencias, que afirman que restringir el porte de armas de fuego contribuye en la solución de los problemas de inseguridad. Por espacio, solo mencionaré tres de ellos.

En primer lugar, el Ministerio de Defensa concluyó en una investigación del año 2001 que la restricción al porte de armas de fuego sí tiene incidencia sobre los homicidios, pues evita que ciudadanos no criminales se convierten en homicidas por situaciones conflictivas y porque existe un mayor riesgo de que esa arma de fuego se use para resolver conflictos y no solamente para procurarse una eficiente protección. 

En un segundo momento, la percepción de inseguridad de quien tiene el arma de fuego puede llegar a disminuir, pero incrementa el riesgo de los ciudadanos que están a su alrededor, que no cometen delitos y que se resisten a llevar una de estas. Por ejemplo, Andrea Amaya, investigadora de la Universidad del Rosario, evidenció que entre los años 2004-2008 se dieron periodos de tiempo en que las medidas de restricción al porte de armas de fuego se combinaron con la restricción de vender alcohol hasta altas horas de la madrugada. Como resultado de ello, se evidenció una disminución en los homicidios por arma de fuego mientras estuvo vigente esta medida. 

En tercer lugar, la investigación más reciente en Colombia realizada por Andrés Vecino y Nicolás Guzmán, y será publicada en marzo en el prestigioso Boletín de la Organización Mundial de la Salud. Ellos decidieron analizar el efecto de las restricciones al porte de armas de fuego durante el 2012 en Bogotá y Medellín. Algunos de sus hallazgos fueron que el homicidio por armas de fuego en vías públicas se redujo en un 22% en los hombres, lo que equivale a treinta vidas salvadas. Y, además de ello, encontraron una disminución del 6% en las muertes de mujeres con armas de fuego dentro de sus hogares.  

No obstante, una conclusión común de los diversos estudios es que la restricción al porte de armas de fuego no funciona por sí sola y que debe implementarse con una política pública integral de desarme que combine las particularidades de cada región, el control policivo y las estrategias pedagógicas y de participación ciudadana que permitan conocer las dinámicas conflictivas de cada lugar en específico. 

En las políticas públicas no bastan las buenas intenciones, pues estas deben estar acompañadas de estudios serios que las soporten. Permitir el porte de armas de fuego para los cucuteños es una respuesta sencilla a un problema que merece debatirse con argumentos respaldados en evidencias. Un viejo adagio reza que la respuesta sencilla suele ser la correcta. Pues bien, este es uno de esos casos en el que la respuesta sencilla no es la correcta, y hay suficiente evidencia para demostrarlo.