Raiza es madre de tres hijos. Vive y trabaja en Cúcuta desde el 2016, cuando tomó la decisión de salir de Venezuela hacia Colombia. En medio de las dificultades se estableció en Cúcuta y realizó los trámites para adquirir la nacionalidad colombiana a la que tiene derecho, puesto que su padre y su madre nacieron en Colombia. En abril de 2016 su documento de identidad fue finalmente expedido por la Registraduría.

El pasado 31 de enero Raiza fue a la EPS en la que se encuentra afiliada para programar una cita de control para ella y una radiografía de cadera para Santiago, su hijo menor y quien tiene nueve meses. La entidad les negó el servicio de salud porque su cédula había sido cancelada. No le dieron más razones. Ante la incertidumbre, Raiza fue hasta la sede de la Registraduría donde había realizado el trámite de la nacionalidad. Allí le dijeron que su documento había sido “cancelado por falsa identidad”, mediante una resolución expedida en noviembre de 2021 por la Registraduría.

Sin saberlo, Raiza había sido una de las 42.000 personas a quienes la Registraduría les canceló sus documentos de identidad a finales del año pasado. Según palabras del registrador nacional Alexander Vega, esta cancelación masiva se debió a que se encontraron falsedades, adulteraciones y falsos testigos, y por ello se procedió anular estos documentos de identidad.

En la situación de Raiza hay un gran número de personas a las que nunca se les comunicó esta situación ni se les dio la oportunidad de ser oídas para evitar la medida extrema de cancelar sus documentos de identidad. Ante esto, el registrador dijo que la notificación se hizo en la página de la Registraduría, por edicto y por correo. Lo dijo como si todas las personas tuvieran el hábito de levantarse en las mañanas a leer los avisos fijados en la entidad que él dirige.

Daniella Monroy, Investigadora de la Universidad del Rosario y quien ha realizado un seguimiento a este tema, señaló que algunas personas se enteraron de la cancelación de su documento de identidad por el voz a voz y que gran parte de los retornados desconocían que las notificaciones por aviso se realizaban en la página web de la Registraduría.

Sobre este tema resulta justo recordar que la Corte Constitucional estableció en la sentencia T-006 de 2011 que, en casos de cancelación de documentos de identidad, las personas tienen el derecho a ser oídas previamente, con el fin de evitar errores que vulneren otros derechos. En este caso, el derecho de Raiza a ser oída fue vulnerado, pues a pesar de que el registrador dice que se hizo una publicación en la página web de la entidad, ella nunca revisó esta plataforma porque nunca supo que se había iniciado una actuación para anular su cédula.

En estos momentos Raiza está haciendo uso de los recursos legales que anteriormente le negó la Registraduría. La entidad le exigió su partida de nacimiento apostillada. El trámite no es sencillo, pues implica trasladarse hasta el lugar de origen y pagar entre 150 a 300 dólares. A esto se suma el temor de que la Policía la pueda detener en la calle o de que vayan a anular la cédula de sus dos hijos mayores, pues ellos accedieron a la nacionalidad colombiana por intermedio de ella. Mientras esto se soluciona, Santiago sigue sin ser atendido por el sistema de salud, Raiza usa su identificación venezolana en las calles de Cúcuta y sigue padeciendo las consecuencias de la actuación defectuosa de la Registraduría.