Nadie pone en duda el derecho a la protesta social, pero rechazamos, mirando el vecindario, la sinrazón de quienes destruyen la propiedad pública y privada con oscuros intereses.

Por ello es imperativa su reglamentación. Reglamentar no es prohibir; es poner límites, pues todo derecho los tiene; es respetar los derechos de quienes no protestan y establecer responsabilidades a quienes convocan. 

Percibo como irresponsable y malintencionada la convocatoria del 21 de noviembre, en momentos de crispación política y violencia en el continente, y contra un gobierno que atendió el clamor de los estudiantes, que ha respondido a las expectativas salariales de los trabajadores, que lucha contra la violencia heredada y, de contera, adem contra mezquinos intereses políticos. 

Estamos frente a una gavilla para desestabilizar al gobierno Duque; no porque sea bueno o malo, porque haya subido o bajado el desempleo, porque la economía vaya tan bien como la ven desde afuera o tan mal como la ven desde adentro, porque esté comprometido con quienes de veras quieren la paz, o porque ataque con decisión la violencia  derivada de una paz mal hecha y de su consecuencia: el narcotráfico. 

A ese club de indignados solo los une su antigobiernismo y ni siquiera necesitan ponerse de acuerdo, porque “el enemigo de mi enemigo es mi amigo”.  

Petro no se resigna  a su derrota y cumple su amenaza de mantener al pueblo en las calles, sin importar las consecuencias, porque son las que él persigue: desestabilizar para instaurar el socialismo bolivariano de sus mentores. 

La izquierda, que cobija a los impunes narcoterroristas, beneficiarios de la paz de Santos y hoy sentados en el Congreso o, simplemente, “volados”; persigue lo de siempre: la instauración de un sistema basado en la lucha de clases, el control de la economía y de los derechos a la propiedad privada y la libre empresa. Y eso tiene nombre: comunismo.

El “centrosantismo”, hoy vestido de indignación, no se resigna a la pérdida de “la mermelada”. El problema no es Botero ni Carrasquilla, ni siquiera los muertos del narcotráfico, que Santos nos dejó como herencia maldita, sino los muertos de “este gobierno”; el problema es atacar  al gobierno de los “enemigos de la paz”, que crearon para polarizar al país, porque media Colombia, que también quería paz, le dijo NO al acuerdo fariano y casi echa a perder el Nobel. 

Están los narcotraficantes, interesados en  la anarquía; y “la opinión”, el sentir de millones de colombianos, “desinformados” por las redes y por algunos medios que añoran la pauta que pagó su apoyo entusiasta. 

Esos son los intereses detrás del paro. Si usted marcha, piense con responsabilidad en su mañana y en el de Colombia. Chile no está lejos. Los que no marcharemos, esperamos que la Fuerza Pública contenga a quienes pretendan desbordar los límites de sus derechos.