El miércoles 19 de agosto de 2015 el dólar cotizó a 3.033,35 pesos, marcando un máximo histórico por segunda vez en ese año. Ese mismo día se hablaba en todo el mundo sobre un posible acuerdo de paz en Susurdán entre los rebeldes y el gobierno, y a su vez, en Madrid se hacía cada vez más grande el escándalo del negocio con ropa usada que posaba de mercado solidario para los pobres, y en el que el ayuntamiento ganaba 600.000 euros al año.

En Colombia, el mismo día que la Corte Suprema dejó por fuera de Justicia y Paz a ‘Jorge 40’ por omitir responsabilidad en los delitos de violencia sexual, reclutamiento de menores y secuestro, se presentó el inicio de lo que hoy se constituye como el fenómeno de movilidad humana más grande del mundo. El 19 de agosto de 2015 inició un doloroso proceso de deportación de miles de colombianos desde Venezuela, a quienes no sólo se les envió a su país de origen igual que como se habían ido: sin nada, sino que además se les marcó y estigmatizó con el único fin de que salieran del país vecino en el menor tiempo posible. 

Hoy, 1827 días después, la frontera con Venezuela permanece cerrada y lo que se presumía duraría 60 días, hoy cumple su quinto aniversario. Las consecuencias del decreto que reglamentó el Estado de Excepción Constitucional en cinco municipios del estado Táchira (Pedro María Ureña, San Antonio, Junín, Independencia y Capacho Nuevo) en Venezuela, limítrofes con el departamento de Norte de Santander, el 21 de agosto de 2015, hoy siguen vigentes como el primer día. 

No se entiende cómo un Estadista (a pesar de que sucede todos los días) toma una decisión por un capricho político y no pensando en el bienestar de su población, porque evidentemente no fueron solo colombianos los afectados con la determinación de Maduro, también los venezolanos han sufrido los impactos. La situación que se agrava cada día es la de las poblaciones fronterizas venezolanas como San Antonio y Ureña, donde el cierre implementado por Maduro ocasionó desabastecimiento, desempleo y pobreza: un panorama difícil de transformar en el corto plazo. 

En diciembre de 2015, los medios relataban la situación como algo ‘impensable’, hoy, cinco años después, las ciudades colombianas han luchado por mantenerse a flote y los empresarios dedicados han hecho las acrobacias necesarias para sobrevivir, a pesar del cierre de la frontera. 

El excedente de ganar en pesos y comprar en bolívares, hoy es solamente un agradable recuerdo. Las personas en Cúcuta ya se han acostumbrado, poco a poco, al verdadero costo de vida de la ciudad, y el concepto de ‘reinventarse’ ya había sido asumido por miles de comerciantes y empresarios, mucho antes de que la pandemia lo pusiera de moda.

A pesar de las flores que le ‘echaba’ Yamid Amat en el artículo de El Tiempo a Donamaris Ramírez, quien fuera el alcalde de Cúcuta durante el inicio de la crisis de deportaciones y el deterioro de las relaciones con Venezuela, se equivocó el burgomaestre al decir que Cúcuta sólo aguantaría tres meses más con los 17.000 colombianos que migraron desde el vecino país. Hoy, contando los retornos que produjo la pandemia, Cúcuta alberga a más de 150.000 migrantes y sigue asumiendo uno de los retos más grandes en materia de movilidad humana. 

Cúcuta sigue resistiendo, cinco años después, a las vicisitudes políticas, el conflicto armado, las dinámicas fronterizas, la emergencia sanitaria y el reto que plantea la movilidad humana, contra todo pronóstico y con el mismo ahínco que pusieron todos los que en el momento de la emergencia levantaron 16 albergues, matricularon niños deportados y ayudaron a miles de familias deportadas a trasladarse hacia el interior del país para reunirse con sus familiares en Colombia.