En el marco del Primer Congreso de Justicia Transicional que se cumple por estos días en Ibagué, víctimas de las extintas Farc han pedido a los comparecientes ante la Jep, un mayor compromiso con la verdad y la reparación.

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Tal es el caso de Farid Julicue, representante de la ‘Asociación de las Familias Víctimas del Conflicto Armado de Caldona, Cauca, quien indicó que, a pesar de que no van a recuperar a sus seres queridos muertos en ocasión del conflicto, “sí esperamos que nuestras víctimas sean reconocidas por los grupos armados, por sus comandantes, que acepten y se comprometan a reparar todas las acciones y afectaciones que destruyeron a una sociedad”.

Y agregó que los comparecientes voluntarios, “ni siquiera son capaces de decir la verdad, ni asumen la responsabilidad de sus actos. ¿Cómo lograr que la verdad sea plena y reparen a las víctimas de manera individual y colectiva?”, dijo el representante, quien aseguró además que para garantizar la no repetición es necesaria una reparación colectiva.

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Al llamado se sumó Teresita Gaviria, presidente de la Asociación Caminos de Esperanza Madres de la Candelaria, quien enfatizó en la situación de las madres de los desaparecidos. “A una madre le mandan a su hijo a la cárcel y tiene la oportunidad de ir a buscarlo y llevarle comida, si le asesinan a un hijo tiene puede enterrarlo, no tiene la incertidumbre que tenemos la mayoría de mujeres que hemos perdido a nuestros hijos porque no tenemos una tumba donde llorar, colorarle flores, ni una cruz porque siguen desaparecidos”. 

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En aras de seguir trabajando por los derechos de las víctimas, Patricia Linares, magistrada de apelación y expresidente de la JEP destacó que “en cabeza de la doctora Margarita Cabello se ha venido avanzando de manera significativa con la intervención del Ministerio Público, como garante de los derechos de las víctimas, pero también en la aplicación de un modelo de justicia restaurativa y de justicia transicional”.

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Por su parte, Antonio José Lizarazo, presidente de la Corte Constitucional, señaló que "la participación de las víctimas en la JEP es una materialización de los derechos constitucionales al debido proceso y acceso a la justicia” y por ende la Procuraduría tiene que continuar trabajando para superar los retos del Acuerdo de Paz.

Philipp Ambach, jefe de la Sala de Sección de Participación y Reparación de Víctimas de la Corte Penal Internacional (CPI), afirmó que “el primer reto que enfrenta la consolidación de la paz es llegar a las víctimas y asegurar que conozcan su derecho de participar en los procesos penales”.

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