El asesinato de dos jóvenes en Tibú, el recrudecimiento de los ataques por parte de grupos armados con artefactos explosivos, los problemas de seguridad ciudadana y el asesinato de policías y militares en la frontera con Venezuela han agitado el panorama de orden público en el país, generando gran preocupación en la ciudadanía.

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Ante este panorama, el ministro de Defensa, Diego Molano, señaló como responsables al Eln, las ‘disidencias de las Farc’, el ‘Clan del Golfo’, ‘Los Caparros’ y ‘Los Pelusos’. Además, trae a colación al régimen de Nicolás Maduro como uno de los responsables.

También dijo que es inadmisible que alguien tome la justicia por sus propias manos en el país y frente a la seguridad ciudadana mencionó que los índices de homicidio se han reducido y la relación entre el Gobierno y los mandatarios locales se encuentra más fuerte que nunca para combatir este flagelo.

Se ha visto un recrudecimiento de las acciones violentas en el país, ¿a qué puede atribuirse este fenómeno?

Hace dos meses tuvimos una cumbre en donde encontramos que esto no solo está pasando en Colombia sino en varios países del mundo. Uno, porque hay un incremento de la violencia producto del desempleo y la pobreza generada por el Covid; segundo, hay un problema de salud mental que genera comportamientos más violentos después de 18 meses de encierro; y tercero, hay una reconfiguración criminal, donde estos grupos por disputas de rentas criminales incrementaron sus niveles de violencia.

Por supuesto no nos podemos quedar en el diagnóstico, sino tenemos que actuar y debido a eso se cambiaron las estrategias y el trabajo con un plan de intervención especial en las regiones más afectadas, sobre todo haciendo presencia de Policía con investigación criminal y judicialización como lo hicimos en Bogotá, Barranquilla, Cúcuta, Bucaramanga y en Cali.

Esto sería más con relación al tema de seguridad ciudadana. ¿En el caso de los grupos armados, qué le preocupa más a las autoridades: las Disidencias paramilitares, las Disidencias de la guerrilla o el Eln?

Hoy hay cinco símbolos del mal en Colombia que son el Eln, las ‘Disidencias de las Farc’, el ‘Clan del Golfo’, ‘Los Caparros’ y ‘Los Pelusos’, y los cinco son objetivo de nuestras campañas militares y policiales.

El reto con el Eln es que la mayoría de sus cabecillas están operando desde Cuba y Venezuela, dando instrucciones criminales. De las disidencias de las Farc, de ‘Iván Mordisco’ y ‘Gentil Duarte’, el plan es crecer en 8.000 hombres, pero no se lo hemos permitido debido a las operaciones permanentes; y de la ‘Segunda Marquetalia’, que opera desde Venezuela, que tienen incluso disputas en Putumayo y Nariño.

El tercero es el ‘Clan del Golfo’, estamos en operaciones permanentes para capturar a ‘Otoniel’; en el caso de los ‘Caparros’ este mismo año gracias a las operaciones de la Fuerza Pública y la neutralización de alias ‘Flechas’ uno podría decir que ya dejó de ser una organización armada y ahora son más grupos reductos que quedan de delincuencia; y los ‘Pelusos’ vamos por el mismo camino, sobre todo con su presencia en el Catatumbo.
 

En todo el país se está presentando un aumento en el número de ataques con artefactos explosivos no convencionales por parte de estos grupos armados. ¿Cómo se puede entender este fenómeno y qué está haciendo el Gobierno para detener estos actos?

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Lo primero es que muchas de estas actuaciones son reacciones a las operaciones militares y policiales que venimos desarrollando, entonces cuando ejecutamos operaciones contra el ‘Clan del Golfo’, ellos activan un plan pistola; cuando accionamos en contra del Eln, activan ataques como los que ocurrieron en Arauca o contra los patrulleros de Policía y el soldado.

Lo segundo es que es claro que ellos buscan seguir utilizando el narcotráfico para comprar armas, para colocar, adquirir y desarrollar esas minas antipersonal y artefactos explosivos, y por eso desarrollamos operaciones en contra de sus actividades de narcotráfico, con erradicación, incautaciones o destrucción de laboratorios. Llevamos ya alrededor de 62.000 hectáreas erradicadas y al final del año debemos estar por los 1.600 laboratorios destruidos.

 ¿Ya tiene un informe oficial de lo que sucedió en Tibú con el crimen de los dos jóvenes de edad?

Lo que inició inmediatamente fue un proceso de investigación de Policía Judicial para investigar el hecho criminal, para determinar quiénes son los responsables de la muerte de este joven y de este niño. Por supuesto, nadie se puede tomar en Colombia la justicia por sus propias manos, eso es una actuación ilegal en contra de la Constitución, debe ser investigada y los responsables llevados a la justicia.

También, con la inspección de la Policía, se ordenó una investigación para determinar el nivel de respuesta que tuvo la Policía frente a las llamadas que se hicieron, y si allí hubo algún acto irregular en el servicio, la cual fue ordenada desde la dirección de la Policía.

El asesinato de estos jóvenes ha sido calificado por algunos sectores como el resultado de un abandono del Gobierno, especialmente en materia de seguridad y presencia estatal…

Presencia hay, de hecho hay una Estación de Policía y hay pie de fuerza de Policía. Recientemente nosotros lanzamos el Comando Específico de Norte de Santander, más de 14.000 hombres dedicados en acciones combinadas para combatir esos símbolos del mal. En Catatumbo tenemos cuatro símbolos del mal, allá está el ELN, está el ‘Clan del Golfo’, las ‘Disidencias de las Farc’ y ‘Los Pelusos’, porque tienen 40.000 hectáreas de Coca.

El grave problema que tenemos nosotros ahí es la amenaza por la retaguardia estratégica que tienen ellos en Venezuela, donde, por ejemplo, alias ‘Jhon Mechas’, del frente 33 de las ‘Disidencias’, opera y planea ataques desde Venezuela y las ejecuta en Tibú, en la Gabarra o en el Catatumbo, por eso es tan importante este Comando Específico de Norte de Santander para controlar la frontera.

¿No le preocupa que la ciudadanía se esté tomando la justicia por mano propia?

Eso es inconcebible, Colombia no puede volver a esas épocas en donde algún ciudadano o cualquier persona puede tomarse la justicia por sus propias manos, aquí la autoridad legítima y el monopolio de las armas la tienen las Fuerzas Militares y de Policía, y son las autoridades judiciales, Fiscalía y jueces, los que deben determinar cualquier acción en contra de cualquier persona que haya infringido la ley, nadie se puede tomar la justicia por sus propias manos y eso no se puede permitir en Colombia.

El aumento de la violencia en el departamento de Arauca es notorio, ya que se siguen presentando asesinatos de Miembros de la Fuerza Pública y contra la población civil. ¿A qué se debe este recrudecimiento? ¿Cómo se está efectuando el accionar de estos grupos en la zona de frontera?

En Arauca tenemos dos factores que generan inestabilidad y sobre los cuales estamos combatiendo. En primer lugar está la presencia de corredores de narcotráfico, allí no hay casi cultivos ilícitos, lo que hay es un corredor que toma todo lo que viene desde Caquetá y Guaviare, buscando pistas clandestinas en Venezuela, con la presencia del Eln y las Disidencias de las Farc.

Esta disputa nuevamente genera unos problemas de inseguridad complejos, estos grupos están cometiendo actos criminales, como descubrimos en el último consejo de seguridad, donde asesinan desafortunadamente personas en el lado de Venezuela y vienen y las dejan en Arauca o lo que sucedió con el secuestro del coronel, cometen el delito y luego se lo llevan para Venezuela.

Esto implica el fortalecimiento de las acciones contra estos dos grupos, el fortalecimiento del control de la frontera, recientemente se habilitaron dos botes de bajo calado para hacer control, con un pelotón adicional de Infantería de Marina, 90 hombres que entraron a reforzar la frontera, y se hizo un despliegue especial de control en vías para evitar precisamente este tema de extorsión.

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La seguridad en las ciudades es otro tema que está generando preocupación en la ciudadanía y en los gremios. ¿Hay desconexión entre el Gobierno Nacional y los mandatarios locales?

Hay toda la coordinación, tenemos un propósito conjunto con ellos, que es garantizar la seguridad, de hecho en la cumbre que realizamos hace dos meses con alcaldes y gobernadores, coordinamos acciones para nosotros dejar en evidencia que aquí tiene que haber una relación de coordinación, la seguridad nos tiene que unir a todos, aquí no hay diferencias políticas, porque lo más importante y la prioridad para el Ministerio de Defensa y la Fuerza Pública es la protección de la vida y la tranquilidad de todos los ciudadanos y así venimos operando en las ciudades.

En Bogotá colocamos 1.514 hombres adicionales de Policía, se asignaron 360 soldados para ayudar en acciones de coordinación y control, con el fin de contener esas acciones de homicidio y el delito, lo mismo sucedió en Barranquilla, Cúcuta y Cali. Claro, cada alcalde debe asumir su propia responsabilidad de manejo de ser jefe de Policía y de manejo de orden público.

¿Qué resultados se han obtenido de este plan de intervención que se estudió hace dos meses en la cumbre?

Teníamos un incremento en homicidios de alto impacto, tenemos que, de alguna forma, medirnos con el año 2019, que es el año de referencia, porque 2020 con pandemia es difícil de medir y comparar, pero lo que está claro es que los delitos de hurto vienen a la baja, tenemos aún el reto del homicidio, que ya se logró contener y estamos logrando hacer reducciones en Bogotá en cuatro localidades, y en otras ciudades se ha comenzado a contener el delito, sobre todo el homicidio, y esperamos seguir en este trimestre con ese mismo esfuerzo.

¿Cómo garantizarle a los comerciantes un escenario de seguridad, como parte de la reactivación económica después de la pandemia?

Todo lo que estamos haciendo en las ciudades es para garantizar el control. Conociendo que hay problemas en los restaurantes, en las tiendas, la semana pasada activamos el grupo de acción rápida motorizada en Bogotá. Estamos buscando reaccionar para que los tenderos, los restaurantes, los hoteles, puedan iniciar su proceso de reactivación como lo requiere Colombia.

La Jurisdicción Especial para la Paz le pidió no revictimizar a los menores de edad que han sido reclutados por grupos armados ilegales. ¿Qué respuesta le da a esta solicitud?

Yo tengo absoluta claridad que los niños reclutados son víctimas de la violencia, así está establecido por todas las legislaciones, lo que aquí se tiene que buscar es que quienes reclutan a los niños sean judicializados y no haya impunidad.

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