La Superintendencia de Sociedades sancionó al polémico excontratista Emilio Tapia Aldana, quien deberá pagar un multa de $232 millones, así como al empresario Hugo Armando Cabanal Hoyos, quién también fue llamado a pagar una sanción equivalente a $116 millones.

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La decisión de la Superintendencia se dio después de que el ente de control declarara a Tapia como actor controlante de la compañía ICM Ingenieros S.A.S., que en la actualidad está en proceso de liquidación judicial. Asimismo, determinó que Canabal era el controlante de Intec de la Costa S.A.S., firma que también está en proceso de liquidación judicial.

Esas dos compañías son las implicadas en el escándalo de Centros Poblados, pues eran las organizaciones que conformaban la Unión Temporal que se quedó con el contrato de $70.000 millones para llevar internet a las regiones desconectadas del país.

La decisión de la Superintendencia cuestiona que los dos contratistas no notificaron que eran los agentes controladores y dueños de las empresas implicadas en ese contrato firmado con el Ministerio de las TIC, pese a que esa información debe incluirse en los estatutos corporativos.

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El superintendente de Sociedades, Billy Escobar Pérez, aseveró que “la declaratoria de control en este caso resulta importante para que los interesados puedan utilizar los mecanismos para hacer efectiva la responsabilidad subsidiaria de los controlantes, de acuerdo con lo señalado en el artículo 61 de la Ley 1116 de 2006”.

En términos sencillos: la determinación de Supersociedades declara que tanto Emilio Tapia como Hugo Cabanal sí hacían parte de la Unión Temporal de Centros Poblados.

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