La política de Paz Total, la apuesta más ambiciosa del gobierno Petro para lograr la desmovilización o el sometimiento de los grupos armados ilegales que operan en el país, ha terminado enredada, después de 7 meses, en una serie de acontecimientos y controversias que han puesto en duda la transparencia del proceso, al punto de que ya es objeto de investigación por parte de la Fiscalía y la Procuraduría.

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Esta semana, en un mismo día, mientras que el propio presidente Petro pedía investigar a dos miembros de su familia, su hermano Juan Fernando y su hijo Nicolás, para aclarar los rumores acerca de que supuestamente habían recibido dinero de narcotraficantes para que intervinieran a favor de ellos en un eventual sometimiento a la justicia, la exesposa de Nicolás Petro lo acusaba de haber recibido dinero de Samuel Santander Lopesierra, quien cumplió una pena por narcotráfico en Estados Unidos, y del empresario conocido como el Turco Hilsaca, señalado de estar vinculado a la corrupción en Barranquilla.

Y por si eso fuera poco, ese mismo día, el fiscal general, Francisco Barbosa, reconoció en una entrevista de radio que no tenía ninguna confianza en el comisionado de paz, Danilo Rueda, porque repetidamente le había dicho mentiras al país.

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Las sospechas sobre la Paz Total vienen incluso desde antes de que el presidente Petro se posesionara como presidente. Durante la campaña, se hizo público que su hermano Juan Fernando y quien después se convertiría en comisionado de paz, Danilo Rueda, se habían reunido en la cárcel Picota con políticos condenados por corrupción y parapolítica, como Iván Moreno, preso por el cartel de la corrupción en Bogotá, y Álvaro García, condenado por la masacre de Macayepo.

Aunque tanto Juan Fernando Petro como Rueda negaron en ese momento estar representando a la campaña Petro Presidente y mucho menos haber ofrecido algo a los reclusos de La Picota, mensajes de texto de testigos de la reunión, revelados en ese momento por Noticias Caracol, aseguraban que en la conversación se había hablado de la presentación en el gobierno de Petro de una reforma a la justicia que incluyera rebajas de hasta el 20% de las penas para todos los reclusos y la eliminación de los jueces de ejecución de penas.

En enero de este año, la Fiscalía anunció que llamaría a declarar no solo a Juan Fernando Petro sino al comisionado Rueda, pues este aseguraba que tenía información sobre abogados que habrían sacado dinero a narcotraficantes engañándolos con promesas de influir para que obtuvieran beneficios de la Paz Total. Dos meses después, sin embargo, según dijo este viernes el fiscal Barbosa, Rueda no ha presentado aún las pruebas.

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También han despertado la desconfianza del fiscal Barbosa, varias decisiones tomadas por Rueda dentro de la búsqueda de caminos para iniciar la negociación con grupos armados ilegales, entre ellas la solicitud de levantamiento de órdenes de captura para miembros de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y las Autodefensas de la Sierra Nevada (ACSN), algunos de ellos extraditables, a las cuales se opuso el jefe del organismo de investigación.

Y más extraño aún fue lo ocurrido con Alfonso López, hijo de Enilce López, alias ‘La Gata’, a quien el comisionado de paz decidió nombrar gestor de paz. Aunque el Gobierno negó que hubiera pedido su liberación, la confusión le sirvió a López para que un juez le otorgara la libertad. La situación provocó el rechazo del fiscal: “El Alto Comisionado de Paz no tiene facultades para solicitar libertades ni suspender órdenes de captura, ya que esa facultad es exclusiva del Presidente de la República. No hay ningún decreto que pida la libertad del señor López”, dijo. Y agregó: “La paz total no puede ser una paz simulada y tramposa”.

Pero de la controversia política, el tema pasó esta semana a las investigaciones judiciales.

Con el testimonio de Day Vásquez, ex esposa de Nicolás Petro, quien en entrevista con Semana lo acusó de haber recibido más de 600 millones de pesos de Santander Lopesierra y 400 millones del Turco Hilsaca, la Fiscalía ya empezó las investigaciones para determinar la veracidad de las acusaciones.

Un grupo de fiscales e investigadores llegó ya a Barranquilla, para entrevistarse con Vásquez y empezar a verificar las evidencias. Lo propio hizo la Procuraduría.

Los investigadores de ambos organizadores tendrán que determinar, primero, si es cierto que los dineros en efecto se entregaron y, segundo, a cambio de qué se entregaron.

Aún quedan muchos interrogantes por resolver, pero el presidente Petro tendrá que hacer ajustes a su política de Paz Total si quiere que los colombianos recuperen su confianza en ella y no pase de ser una esperanza a un escándalo.

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