Siete exmiembros del Secretariado de las Farc reconocieron, frente a las víctimas de secuestro, su responsabilidad en este y otros crímenes de lesa humanidad, en el marco de la audiencia organizada por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
Este miércoles se abordó la política de secuestro con fines extorsivos y de financiamiento, luego de que los exmiembros del Secretariado reconocieran el martes su responsabilidad en la política de secuestro con fines de canje o intercambio.
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La política que se reconoció este miércoles, según la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), consistía en financiarse a través de secuestros. “En las conferencias nacionales guerrilleras, planes operacionales, en reuniones del Estado Mayor, en los planes tácticos de distintas unidades militares se repite la orden de privar de la libertad a civiles que tuvieran dinero para financiar las operaciones de las unidades militares”, explicó la magistrada Julieta Lemaitre durante la diligencia de este miércoles.
La segunda de tres audiencias de reconocimiento, que se desarrollarán hasta el próximo jueves 23 de junio en el interior de la Biblioteca Virgilio Barco, en Bogotá, estuvo ambientada, al igual que este martes, por imágenes y frases de las víctimas que sufrieron de este flagelo. “Dime la verdad y tendré mi libertad”, fue una de ellas.
Reconocimiento general
“Nosotros venimos a asumir la crueldad que implicó este crimen, porque fue hacer rehenes a todas las familias”. De esta manera inició el reconocimiento de las Farc, a través de Pastor Alape, quien hizo un reconocimiento colectivo frente a esta práctica.
Agregó que tienen toda la intención de reparar a las víctimas tanto desde las acciones propias como a las conclusiones a las que llegue la JEP en su sentencia final, pero explicó que muchos bienes de las Farc estaban ubicados en zonas de reserva y ha sido difícil monetizarlos para la reparación. “Ojalá algún día podamos reconciliarnos y nos puedan perdonar, sin olvidar”, señaló.
Milton de Jesús Toncel quien fue conocido en la guerra como “Joaquín Gómez”, además de reconocer su responsabilidad en esta práctica, profundizó en las terribles prácticas que ejecutaron para desarrollarla. Según relató, algunos secuestrados morían en cautiverio, pero en vez de avisarle a la familia le seguían cobrando.
Dijo también que a los secuestrados los obligaban a realizar marchas nocturnas, forzadas, la alimentación no se ajustaba a lo que requerían y sus necesidades fisiológicas las tenían que realizar de manera pública.
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Durante esta diligencia también intervino Julián Gallo, quien hoy es congresista y fue conocido en la guerra como Carlos Antonio Lozada. “Entendemos perfectamente el dolor que les causamos cuando de manera violenta los arrebatamos de su entorno familiar y social, para llevarlos a campamentos en zonas selváticas y mantenerlos allí por la fuerza, aislados de sus vidas normales”.
Gallo aceptó las torturas que les generaron a los secuestrados al amarrarlos con cadenas, con cuerdas, además de la presión psicológica para que no pudieran escapar. “Para presionar una negociación se le llegó a decir a sus familias y a los secuestrados, cosas que no correspondían a la realidad y que buscaban generar zozobra. Prácticas como decir su familia ya los olvidó, no los quiere rescatar”.
Rodrigo Granda por su parte dijo ser culpable de la práctica del secuestro “Yo participe en la conferencia donde esta política se aprobó, no puedo hacer lo de Pilatos: lavarme las manos. No estuve directamente donde se realizaron secuestros, pero eso me exime de una responsabilidad colectiva”.
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