La Procuraduría General de la Nación le pidió a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que antes de considerar la expulsión del general (r) Mario Montoya de la justicia transicional, profundice sobre su posible participación en los casos de falsos positivos mientras ocupaba roles superiores como comandante en el Comando Conjunto del Caribe y el Ejército Nacional.
La solicitud se realizó con el fin de garantizar verdad plena a las víctimas del macrocaso 003, asesinatos y desapariciones forzadas, presentados como bajas en combate por antes del Estado en Antioquia.
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En el documento de observaciones, el procurador delegado Jairo Acosta Aristizábal, aseguró estar de acuerdo con la insatisfacción de las víctimas frente a los aportes de verdad de Montoya Uribe, que también inquietan a al Ministerio Público.
“Hay contradicciones en el relato aportado y, haciendo una contrastación liviana, sujeta a corroboración, con la información acopiada dentro del macrocaso 003 en diversos subcasos, es viable identificar algunas faltas con la verdad relacionadas por lo menos con el conocimiento directo del fenómeno; la presión, a todo nivel, por resultados operacionales del tipo baja en combate y la competencia o criterios de medición entre unidades”, se explica en el documento.
Preocupa que, a hoy, el general (r) solo ha podido ser interrogado por hechos ocurridos durante la comandancia de la Cuarta Brigada, mientras que las demás víctimas aún no han podido interactuar con él, lo cual afecta su derecho a la participación y por ende el éxito del macrocaso.
En el escrito, la Procuraduría solicitó a la Sala de Reconocimiento de Verdad ampliar el número de comparecientes e incluir a integrantes de la Justicia Penal Militar y de la Policía Judicial, al igual que a otros organismos que entraron en contacto con la escena del crimen.
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También pidió que, al momento de evaluar la determinación de los hechos y conductas aplicables a la Cuarta Brigada, la magistratura considere e integre los hallazgos del subcaso Dabeiba, para conocer un contexto operacional y macrocriminal mucho más completo frente a los crímenes.
El delegado Acosta Aristizábal llamó la atención a la magistratura sobre varios aspectos metodológicos de las versiones voluntarias, que se constituyen para la Procuraduría en malas prácticas que dificultan el desarrollo de la justicia transicional, al impedir el intercambio de preguntas y respuestas por parte de todos los intervinientes, limitando incluso la participación de la Procuraduría.
También señaló que es necesario disponer de tiempos prudenciales para evitar jornadas extenuantes hasta altas horas de la noche, pues estas generan agotamiento, reduciendo los niveles de concentración, la calidad de las preguntas y, sobre todo, la capacidad de los comparecientes para contestar con aportes de verdad plenos.
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