En un informe enviado al Tribunal Administrativo de Santander, la Procuraduría General de la Nación advirtió que han pasado cinco años del plazo dado para la delimitación del páramo de Santurbán ordenado por la Corte Constitucional.

En el llamado urgente de la Procuraduría se señala esa demora ha favorecido actividades de “minería ilegal, acentuando la problemática socio ambientales, el deterioro del tejido social, y la contaminación de las fuentes hídricas que abastecen de agua potable el área metropolitana de Bucaramanga; así como generando afectaciones en la salud de los santandereanos”.

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Igualmente ven como preocupante que se desconozca la orden judicial, dando lugar a una incertidumbre jurídica que vive hoy una de las despensas agrícolas más importantes del oriente colombiano, y que solo favorece a quienes desarrollan actividades mineras ilegales en este ecosistema.

Pidió la Procuraduría “un pronunciamiento claro y contundente del H. Tribunal frente a la conducta reprochable de autoridades municipales como la Alcaldía de California, que de manera abierta y sistemática han entorpecido el proceso de avance de la concertación en dicho municipio. Si bien la Procuraduría ha iniciado las averiguaciones disciplinarias de su competencia, refirió que el Tribunal imparta una orden perentoria al respecto y dé traslado a otros órganos de control para que se investigue esta situación irregular”.

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