El proyecto de borrón y cuenta nueva pasa a ser ley de la República, luego de ser sancionado por el presidente de la República, Iván Duque, tal y como el mandatario y los congresistas David Barguil y César Lorduy lo anticiparon.

De esta forma entrará en vigencia para que los potenciales beneficiarios tengan una amnistía, por una única vez, ante las centrales de riesgo crediticio.

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La ley, según el senador David Barguil, ponente de la misma, le ayudará a 10 millones de colombianos a ser nuevamente sujetos de crédito cuando se pongan al día con sus obligaciones durante los primeros 12 meses de vigencia.

Esta ley estatutaria, cuyo coautor es el senador Luis Fernando Velasco, fue avalada y declarada exequible por la Corte Constitucional. Además, vale decir que había sido aprobada por el Congreso a mediados del 2020, a pesar de que generó polémica entre diversos sectores.

En su momento, algunos analistas consideraron que borrar el historial crediticio de los morosos podría representar una presión adicional para la cartera de la banca formal.

En todo caso, el presidente Duque coincidió con Barguil en que “es una ley que le dará mucho alivio a las familias y representa retomar un camino de inclusión financiera con responsabilidad”.

Entre los puntos relevantes del proyecto se incluye la consulta de información crediticia de manera gratuita en todo momento y quedó estipulado que esa revisión no disminuirá la nota de las personas. Adicional, los datos allí incluidos no podrán ser usados para otorgar un empleo.

Según trascendió, lo que se pretende es tener esta herramienta como impulso la reactivación económica de Colombia porque daría pie para que más personas consuman, adquieran créditos y muevan el sector productivo.

La Ley pretende, entre otros, disminuir el término de permanencia de los reportes negativos en los operadores de información o Centrales de Riesgo, obligar a las centrales de riesgo a restablecer las calificaciones crediticias de los titulares de la información de manera simultánea con el retiro de reportes negativos o con la cesación del hecho que generó la disminución en la calificación.

También, obligar a las centrales de riesgo a conceder a los titulares de la información crediticia acceso gratuito e ilimitado a la misma; obligar a las fuentes de información a reportar la información negativa máximo 18 meses después de hacerse exigible la obligación respectiva; obligar a los usuarios de la información (por ejemplo, entidades financieras) a mantener las calificaciones crediticias, sin importar el número de consultas de la información disponible; facultar a la Superintendencia Financiera para imponer sanciones a los usuarios de la información que nieguen una solicitud de crédito basados exclusivamente en el reporte de información negativa del solicitante.

Adicionalmente, establecer un régimen de transición que permitiría a los titulares de obligaciones recibir beneficios por pagar deudas en mora, en la forma de eliminación de reportes negativos en las centrales de riesgo.

El régimen de transición autoriza que las obligaciones que sean objeto de reporte negativo, entre el 12 de marzo y el 31 de diciembre de 2020, no sean reportadas a las centrales de riesgo, siempre que los deudores hayan solicitado a las entidades respectivas su reestructuración.

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Otros beneficios

La ley también establece que los estudiantes con créditos educativos del Icetex, pequeños productores, jóvenes rurales, mujeres rurales y víctimas del conflicto armado que extingan su deuda saldrán inmediatamente del reporte negativo en las centrales de riesgo.

Así mismo, que las personas que tengan deudas inferiores al 15 % del salario mínimo (menos de 136.279 pesos) recibirán dos comunicaciones antes de ser reportadas negativamente (con 20 días de diferencia entre una y otra comunicación).

Adicionalmente, la calificación crediticia deberá normalizarse de inmediato cuando se elimine el reporte negativo. Por otro lado, se prohibe la consulta a las Centrales de Riesgo para otorgar un empleo (excepto para empleados del sector financiero).

Otro de los grandes avances es que se protege a las víctimas de suplantación personal, pues con la sola comunicación y acompañando como mínimo la copia de la denuncia penal del fraude a la entidad financiera se eliminará el reporte negativo, dejando una leyenda que indique “víctima de falsedad personal”.

La norma establece que si el titular del crédito se pone al día con las cuotas atrasadas, la obligación ya está prescrita o si logra un acuerdo de pago con la entidad financiera, solo debe esperar a que se cumplan los plazos de la amnistía para que las centrales de riesgos eliminen el reporte.

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